Violencia de género, problema nacional

Columna Seguridad y Defensa. Carlos Ramírez. @carlosramirezh

La violencia estallada el viernes de la semana pasada en una marcha de mujeres contra la violencia de género no debe ocultar el hecho central: México es un país que ha abandonado la protección de las mujeres.

Las cifras enero-junio de delitos contra la seguridad y la libertad sexual son alarmantes: 29 mil 404 denunciados, a partir del hecho de que sólo se denuncia 5% de afectaciones y existe 95% de cifras negras no denunciadas.

Además, las cifras de enero-julio de 2019 son Violencia de género, problema nacional 24.6% mayores a las del mismo periodo de 2018. Es decir, que ante la evidencia de la violencia contra las mujeres las autoridades no han realizado acciones serias para enfrentar esos delitos.

El problema de la violencia contra las mujeres es nacional, no sólo de la Ciudad de México. Aquí, en todo caso, estalló la violencia como un aparador destruido con piedras de furia justificable.

A nivel nacional, en el tema sensible de las violaciones, hubo en todo el país nueve mil 928 denunciadas y miles más sin denunciar.

Más que los homicidios dolosos entre delincuentes, las autoridades debieran atender el problema sensible de agresiones sexuales contra las mujeres.

Y no se trata de avalar la violencia, sino de señalar que las fuerzas locales de seguridad no tienen capacidad para atender rebeliones violentas. Las mujeres furiosas caminaron con toda tranquilidad hacia el Ángel de la Independencia y lo llenaron de pintas, pero a ningún jefe policiaco se le ocurrió con anticipación vallas metálicas o de madera alrededor para aislar el lugar y evitar vandalismo.

A las autoridades y gobernantes se les ha olvidado que las mujeres no son una cifra, sino un sector vulnerable que debe ser protegido con leyes que sí se cumplan y con acciones de seguridad que castiguen a los delincuentes de género.

ZONA ZERO

En un artículo publicado en Milenio, el director del CISEN con Calderón, Guillermo Valdez, enumeró cuatro errores oficiales hacia la crisis de seguridad de Michoacán: retirar al Ejército, propiciar autodefensas, pactar con cárteles y posponer la creación de instituciones de seguridad. El quinto podría ser asumir matanzas como provocación

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