- Las organizaciones subrayaron que el Caribe mexicano enfrenta hoy condiciones ambientales críticas: aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos más intensos, llegada masiva de sargazo desde 2015 y arrecifes severamente degradados, cuya cobertura coralina ha disminuido de forma alarmante
Rafael Pascual
Mientras decenas de hoteles tramitan de manera individual permisos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) —según registros vigentes de su Gaceta Ecológica—, el gobierno de Quintana Roo plantea ejecutar un proyecto regional de restauración de playas sin presentar una nueva evaluación ambiental, pese a los profundos cambios ecológicos registrados en los últimos 15 años.
En un comunicado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que organizaciones civiles, colectivos ciudadanos y académicos expresaron su preocupación ante declaraciones del titular de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, quien sostuvo que las obras en el norte de Quintana Roo se sustentarían en una autorización ambiental otorgada en 2009, mediante una ampliación administrativa y sin elaborar una nueva MIA.
De acuerdo con las organizaciones, dicha autorización resulta jurídica y ambientalmente insuficiente, ya que el proyecto actual contempla nuevos polígonos, mayor extensión territorial y la inclusión de municipios como Puerto Morelos, no considerados en el permiso original. Además, la legislación ambiental federal obliga a actualizar o rehacer las MIAs cuando existen ampliaciones, cambios sustanciales o ha transcurrido más de una década desde su aprobación.
Advirtieron que se trata de un proyecto regional con impactos intermunicipales, que abarca más de 30 kilómetros de litoral en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad y Cozumel, varios de ellos vinculados a Áreas Naturales Protegidas federales, como el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano, inexistentes en 2009.
Las organizaciones subrayaron que el Caribe mexicano enfrenta hoy condiciones ambientales críticas: aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos más intensos, llegada masiva de sargazo desde 2015 y arrecifes severamente degradados, cuya cobertura coralina ha disminuido de forma alarmante. A ello se suma la ausencia de una evaluación pública sobre los resultados del proyecto autorizado hace 15 años, pese a que persisten procesos de erosión en diversas playas.
El comunicado también alerta sobre los riesgos para especies protegidas, como tortugas marinas, aves playeras e invertebrados clave, y advierte posibles violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano, así como a los principios de información y participación ciudadana establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Las organizaciones exigieron a la Semarnat negar la ampliación del permiso vigente y ordenar la elaboración de una nueva MIA regional, integral y basada en la mejor ciencia disponible, al señalar que la restauración de playas no puede justificarse con autorizaciones ambientales superadas por la realidad ecológica actual.
