- En conferencia del alcalde, funcionario de Desarrollo Urbano evade responder sobre permisos irregulares para polémico proyecto en la Bahía Solimán que un juez ordenó demoler; Diego Castañón intenta rescatarlo y exhibe encubrimiento
Durante una conferencia de prensa convocada por el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, donde varios funcionarios informaron sobre los proyectos y programas que tienen en esta administración, el director General de Desarrollo Territorial, Urbano Sustentable e Imagen Urbana, Lorenzo Bernabé Miranda Miranda, dijo desconocer el dato del total de los desarrollos urbanísticos que hay en el municipio.
“El dato no lo tengo, pero te lo puedo conseguir”, respondió el funcionario a pregunta de uno de los reporteros asistentes a la conferencia; sin embargo, Lorenzo Miranda ha estado en el cargo desde hace cuatro años y ha otorgado permisos de construcción, de aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), así como los permisos para colocar espectaculares.
Otra de las preguntas hechas a Lorenzo Miranda tuvo que ver con la orden de un juez Quinto de Distrito con sede en Cancún, quien resolvió el juicio de amparo 952/2024 promovido por la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y que anuló la licencia de construcción del complejo inmobiliario “Maiim”, ubicado en Bahía Solimán, al tiempo que ordenó su demolición por no cumplir con los requisitos legales establecidos, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
La respuesta de Miranda Miranda fue evasiva, “para contestarte la pregunta, en los gobiernos de la Cuarta Transformación, se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios, se acabó el compadrazgo; la instrucción de nuestro presidente es dar todo de manera legal, así ha sido y así va a seguir; en el caso del Municipio, todo se ha dado conforme a la ley…”.
Y es que fue la presidenta de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Antonella Vázquez, quien confirmó la sentencia para que el lugar regrese a como estaba, es decir, deberá ser demolido el edificio construido por la corrupción de Bernabé Miranda.
Sin embargo, el propio alcalde Diego Castañón ha sido el primero en tratar de encubrir al funcionario, ante las críticas y cuestionamientos de actos de presunta corrupción durante su gestión.
Además, Lorenzo Miranda se dice protegido por el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tulum, el primer regidor David Manances “Fili” Tah Balam, pese a las exigencias de empresario y desarrolladores que han sido víctimas de las extorsiones y la venta de permisos apócrifos, para que Bernabé Miranda sea destituido de su cargo y llevado a juicio por fraude genérico.
La petición para que Miranda Miranda sea llevado a la justicia por actos probados de corrupción arreció con la sentencia del Juzgado Quinto Federal, quien ordenó la restauración del sitio “a como se encontraba”, pues la bahía Solimán es un ecosistema de anidación de tortugas.
La empresa defraudadora y protegida por Bernabé Miranda es Promotora de Incentivos México, quien desarrolló dos edificios sin tener ni un solo permiso para construir, estafando a los inversores, en su mayoría extranjeros, creyendo que la protección del funcionario municipal estaría por encima de las leyes estatales y federales.
La construcción de esos 30 departamentos de lujo en total arbitrariedad e impunidad dejó en claro que muchos de los desarrolladores en Tulum operan con el mismo esquema, inician construcciones sin permiso, Bernabé Miranda le otorga las facilidades a cambio de cifras millonarias o pagos en especie, e inclusive sirve como mediador con las autoridades federales en círculo de corrupción estatal que involucra a varios funcionarios, que hoy reclaman al director de Desarrollo tulumnense su proceder.
Los dos edificios que deben ser demolidos por orden judicial no son suficientes para destituir del cargo a Bernabé Miranda, pues Fili Tah Balam lo protege, con el acuerdo que le permita seguir con las invasiones en Tulum, para tener impunidad de autoridades; sin embargo, superó todas las expectativas y valiéndose de su cargo en el Ayuntamiento, autorizó la instalación de un transformador en una zona irregular de las invasiones.
Los mismos empleados de la CFE en el Municipio, reconocieron que este acto es ilegal, porque la instalación del transformador no está autorizada y es un delito federal que puede ser sancionado con cárcel.
Lorenzo Miranda tiene antecedentes de no querer pagar la pensión alimenticia de sus hijos, hasta estar vinculado con una investigación con el folio 8144/2022 del denominado “Cartel del Despojo”.
Como pudo observarse en la conferencia del Ayuntamiento, la actuación nerviosa de este funcionario hizo que el presidente municipal interviniera, para evitar que los medios de comunicación presentes lo siguieran interrogando.
A decir de los reporteros presentes, Lorenzo Miranda había evidenciado que el gobierno de la 4T incumplía con sus propios principios, de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”; con solo tomar el micrófono por cinco minutos, mintió y evadió al responder la pregunta por los permisos entregados a los predios de Bahías de Punta Solimán.
Agencia SIM
