El arresto de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, sacudió al país luego de que autoridades federales lo señalaran como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”. Su detención se realizó en una lujosa residencia que, según la investigación, servía como centro de operaciones del cártel.
Hernán Bermúdez, quien entre 2019 y 2022 fungió como secretario de Seguridad en Tabasco, fue capturado por fuerzas federales en un operativo que sorprendió por el nivel de protección y lujo en el que vivía. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), sobre él pesan acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
“La investigación demuestra que Bermúdez pasó de ser un alto mando de seguridad a dirigir actividades ilícitas en coordinación con La Barredora”, señaló un funcionario federal tras el operativo.
La lujosa residencia donde fue detenido
El operativo de captura se llevó a cabo en una mansión ubicada en una zona exclusiva. La residencia cuenta con alberca, gimnasio, autos de lujo y sistemas de seguridad de última generación. Videos difundidos muestran a elementos de la Guardia Nacional ingresando al inmueble, donde también se localizaron armas de alto poder, equipos de comunicación encriptados y más de un millón de dólares en efectivo.
Según datos oficiales, la residencia estaba valuada en más de 80 millones de pesos y era utilizada como punto de reunión de operadores criminales vinculados con el tráfico de drogas y extorsiones.
La caída de Hernán Bermúdez ocurre en medio de la presión por limpiar las corporaciones de seguridad en México. En los últimos cinco años, al menos 40 mandos policiacos en estados del sur y sureste han sido investigados por presuntos nexos con el crimen organizado.
Expertos advierten que este caso representa un golpe de alto perfil a la credibilidad institucional, ya que involucra a un exfuncionario que encabezó la lucha contra la inseguridad en Tabasco. Ahora, el exsecretario enfrenta un proceso judicial que podría derivar en penas de hasta 40 años de prisión.
El Independiente / EFE / Redacción
