La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una norma que fija penas de hasta 42 años de prisión para quienes cometan el delito de extorsión, uno de los que más afecta a la población y al sector productivo del país.
Con 450 votos a favor, legisladores de todos los grupos parlamentarios respaldaron la minuta que regresó desde el Senado de la República, luego de ser modificada para restituir las sanciones más severas contra servidores públicos involucrados en actos de encubrimiento o omisión relacionados con la extorsión.
La reforma eleva la penalidad base a entre 15 y 25 años de prisión, además de una multa equivalente a 300 a 500 UMAs. Las penas pueden aumentar hasta 42 años si se configura alguno de los 34 agravantes previstos, como el cobro de piso, la extorsión contra migrantes o menores de edad, o la participación en esquemas como los llamados “montachoques”.
Opiniones divididas en la Cámara de Diputados
Durante el debate, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, defendió la reserva que impulsó en la primera versión de la reforma —la cual reducía las penas para funcionarios que encubrieran delitos de extorsión—, aunque reconoció la necesidad de allanarse a las modificaciones del Senado.
Monreal pidió evitar “actitudes inquisitorias” y sostuvo que, en un sistema bicameral, la revisión entre cámaras debe asumirse con normalidad.
En contraste, el legislador del PRI, Emilio Suárez Licona, consideró que aunque el Senado amplió agravantes y sanciones, quedó pendiente reforzar las penas contra servidores públicos que faciliten o no denuncien actos de extorsión.
Para el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Samperio, la reforma representa un paso clave para combatir la extorsión a nivel nacional.
El Independiente MX / Redacción Foto: EFE
