- Los propietarios alegaron que no había trabajos en curso, sin embargo, los vecinos documentaron las actividades y aportaron pruebas contundentes
Rafael Pascual
En conferencia de prensa en Cancún, la Asociación Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (DMAS A.C.) dio a conocer un fallo histórico emitido por un juzgado federal que ordena frenar la construcción ilegal de un desarrollo inmobiliario ubicado en la calle Heriberto Frías, en Puerto Morelos, donde actualmente existen al menos otros dos proyectos que también presentan irregularidades ambientales.
El Juzgado Octavo de Distrito anuló la licencia de construcción PM-1566, otorgada de forma irregular por el Ayuntamiento de Puerto Morelos, al confirmarse que el proyecto carecía de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un requisito obligatorio conforme a la legislación mexicana.
“El Juzgado determinó que esta licencia fue emitida sin la presentación ni aprobación previa de la Manifestación de Impacto Ambiental, lo cual vulnera el derecho constitucional a un medio ambiente sano, así como los principios de precaución, prevención, sustentabilidad y justicia intergeneracional”, puntualizó la asociación.
El fallo, derivado del juicio de amparo 473/2025 promovido por DMAS A.C., ordena detener cualquier obra relacionada con el proyecto y suspender nuevas autorizaciones hasta que se presenten y aprueben los estudios ambientales correspondientes.
De acuerdo con Mónica Huerta, representante de la organización, la sentencia “marca un precedente de justicia ambiental en Quintana Roo” y refuerza la obligación de las autoridades de proteger los ecosistemas costeros por encima de los intereses privados.
DMAS también llamó a la ciudadanía a denunciar los desarrollos irregulares que continúan avanzando pese a sanciones y negativas de las autoridades ambientales. Señalaron específicamente los casos de los proyectos Alues 33 y Soleblu, que mantienen actividades pese a sanciones de la PROFEPA y observaciones de la SEMARNAT.
“En este caso se solicitó una licencia de demolición para levantar una nueva obra. Incluso Sedetus acudió al sitio, pero los propietarios alegaron que no había trabajos en curso. Sin embargo, los vecinos documentaron las actividades y aportaron pruebas contundentes”, explicó Huerta.
La asociación reiteró que continuará vigilando y documentando los daños ambientales en la zona, e insistió en que este fallo representa un paso significativo hacia la justicia ambiental y la aplicación efectiva de la ley en Quintana Roo.
