Ciudad de México
A pesar de la detención de 14 integrantes de una red de contrabando de combustibles operada desde las aduanas y puertos del Golfo de México, al menos 13 implicados de alto perfil siguen sin enfrentar cargos por su participación en uno de los mayores escándalos de corrupción ligados al crimen organizado y al sector marítimo en los últimos años en México.
De acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso el diario El País, los testimonios de dos testigos clave señalan a marinos, funcionarios y empresarios que formaban parte activa del esquema criminal, pero que no fueron incluidos en las órdenes de aprehensión iniciales.
La investigación, centrada en las actividades de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna –vicealmirante y contraalmirante, respectivamente– revela una operación que se extendió de junio de 2023 a marzo de 2025, principalmente en los puertos de Altamira y Tampico. Ambos militares, sobrinos políticos del entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, utilizaron su influencia institucional para colocar a cómplices en puestos estratégicos de las aduanas marítimas y facilitar la entrada de combustible ilegal en territorio nacional.
El testimonio de ‘Santo’, un capitán de marina convertido en testigo colaborador, así como el de un trabajador aduanal identificado como H.R.V., con más de dos décadas de experiencia en puertos, permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la red, que llevó a cabo al menos 69 operaciones ilegales mediante la manipulación de permisos, documentación falsa, sobornos y protección institucional a los barcos involucrados.
De los 13 presuntos responsables aún impunes, 7 son marinos –algunos de alto rango–, 3 son empresarios ligados a la logística y operación de los buques, y otros 3 son funcionarios de aduanas. La lista incluye a capitanes de navío, jefes de departamento, agentes portuarios y operadores de una agencia marítima que gestionó la llegada y descarga de los cargamentos ilegales.
Uno de los casos más llamativos es el del vicealmirante Salvador Camargo Vivero, quien fungió como director del puerto de Tampico entre abril de 2024 y enero de 2025. Durante su gestión, ingresaron casi 20 cargamentos de combustible de manera ilegal. Según los testimonios, Camargo Vivero ordenó a los vigilantes del recinto no registrar los camiones cisterna durante las descargas. La misma semana que cayeron los primeros detenidos, el militar solicitó un amparo que le fue negado, pues las autoridades judiciales consideraron que ni siquiera se encontraba en el país.
Su sucesor, el almirante Rubén Vargas Suárez, que asumió en enero de 2025 y fue cesado en mayo de ese año tras el decomiso del buque Challenge Procyon, también es señalado por facilitar las operaciones de la red. Durante su administración se documentaron al menos 20 operaciones similares. Otro alto mando, el contralmirante Luis Goicochea Sotomayor, asumió el control de la aduana de Tampico tras el traslado de ‘Santo’, y, según los relatos, continuó operando bajo las directrices del grupo.
Entre los implicados también se encuentra el marino Federico Castro Domínguez, reclutador de ‘Santo’; Gastón Ramos Delgado, su primer jefe en la aduana y quien le prometió ingresos adicionales; así como José Rafael Duncan Dekin, identificado como la persona que le entregó su primer soborno y que participó activamente en operaciones ilegales en las aduanas.
La red también alcanzó al puerto de Guaymas, Sonora. Luis Alfredo García Arellano Villegas, capitán de navío y encargado de la Aduana, junto con Juan Carlos Sario Pichal, subdirector de Operación Aduanal, firmaron la autorización para el ingreso de al menos dos buques con cargamento ilegal. Sin embargo, ninguno ha sido detenido ni enfrenta cargos judiciales conocidos hasta el momento.
En el ámbito empresarial, los testimonios apuntan a Luis Omar Chong, gerente de operaciones de la naviera Altamarítima, y a su auxiliar, Ernesto Cárdenas, como responsables de gestionar permisos ante la capitanía del puerto. También se menciona a Benito Abad Pérez, agente aduanal, encargado de realizar los trámites de ingreso y salida de vehículos y buques ante las autoridades. En todos los casos, se presume que tenían pleno conocimiento de la actividad ilícita.
Por su parte, en el interior del puerto de Tampico también fueron implicados tres funcionarios: Raúl Mendoza, jefe de departamento de módulos, incluido en la lista de sobornados; Hugo Alonzo Rodríguez Aguilar, subgerente de operación portuaria; y Abraham Hernández Ávila, su asistente. Estos dos últimos fueron destituidos a mediados de 2025 tras las investigaciones internas, por su papel en permitir la entrada y descarga de los camiones cisterna.
Las autoridades han prometido nuevas detenciones, pero hasta ahora no se ha girado ninguna orden de aprehensión adicional. La falta de acción frente a estos 13 nombres ha generado preocupación sobre un posible intento de encubrimiento o de contención política del escándalo, en especial por los vínculos familiares y jerárquicos que conectan a varios de los señalados con altos mandos de la Marina.
Mientras tanto, las pruebas reunidas por las autoridades y reveladas por El País dan cuenta de una red estructurada y protegida desde las instituciones, que defraudó al Estado mexicano por miles de millones de pesos mediante el tráfico ilegal de combustible, una de las prácticas más lucrativas y menos castigadas en la historia reciente del crimen organizado en el país.
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