Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco y hablante del Tu’un Savi, ha tomado ventaja en la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al registrar 4.5 millones de votos, equivalentes al 5.2% del total, con el 86% de las actas computadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Este resultado lo coloca por encima de Lenia Batres, quien se mantiene en segundo lugar con el 4.9%, lo que representa una diferencia de tres décimas porcentuales o aproximadamente 227,000 votos.
Aguilar Ortiz, actual coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), fue uno de los 64 candidatos inscritos en la boleta y ocupa el lugar 34 en el listado oficial. Su candidatura fue promovida por el Poder Ejecutivo como parte de la lista presentada para esta inédita elección judicial.
El abogado cuenta con una licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Constitucional, ambas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. A lo largo de su trayectoria profesional ha representado legalmente a más de veinte comunidades indígenas en disputas territoriales, procesos conciliatorios y conflictos jurisdiccionales. Ha ocupado cargos en dependencias estatales enfocadas en la defensa de los pueblos originarios, como la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca.
Aguilar Ortiz también participó en el Congreso Nacional Indígena como asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante los diálogos de San Andrés Larraízar en 1996, representando a la organización Servicios del Pueblo Mixe. Esta experiencia ha sido parte de su carta de presentación en esta contienda, centrada en la defensa de derechos colectivos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.
En declaraciones recientes, Aguilar ha indicado que de llegar a la Suprema Corte no usará la toga tradicional de los ministros. “Es algo que me pidieron de manera reiterada en los pueblos que visité, que no me convierta en un funcionario tradicional”, comentó en entrevistas a medios locales. Con ello, busca mantener una cercanía simbólica con las comunidades que ha representado.
De mantenerse la tendencia de los cómputos distritales, Aguilar Ortiz sustituirá a Norma Piña en la presidencia del máximo tribunal del país, cargo que será rotativo cada dos años entre los ministros electos. Esta posición lo convertirá en la figura que encabece una nueva etapa del Poder Judicial, reformado recientemente para que sus integrantes fueran elegidos por voto directo.
En la plataforma habilitada por el INE para que los aspirantes presentaran sus propuestas, Aguilar Ortiz expresó que su candidatura se fundamenta en una vocación de servicio hacia la justicia y hacia los pueblos originarios.
A la pregunta sobre su visión de la impartición de justicia, respondió: “La justicia no se debe basar en la simple aplicación de la ley”, destacando la importancia del diálogo, la cercanía con las personas y el rechazo a los formalismos en el ejercicio judicial.
El sistema de votación empleado ha generado cuestionamientos. Cada elector podía emitir hasta nueve votos para elegir a igual número de ministras o ministros, lo que derivó en cifras difíciles de interpretar. En el caso de Aguilar y Batres, sus votos combinados suman 9.4 millones, mientras que los votos nulos alcanzan los 10.1 millones, superando a cualquier candidatura. Las anulaciones se debieron a errores como tachaduras, números inexistentes o leyendas escritas en las boletas.
Estos datos han provocado dudas sobre el respaldo efectivo de los candidatos y sobre la legitimidad de los resultados, debido a la complejidad del proceso y al alto número de sufragios no válidos. Sin embargo, el INE ha continuado con los cómputos distritales, cuyo avance será determinante para la confirmación oficial de los nuevos integrantes de la Corte.
El resultado preliminar, de confirmarse, implicaría que un defensor de derechos indígenas con más de tres décadas de trayectoria se convertirá en la cabeza del máximo tribunal del país, en un contexto de transformación institucional del Poder Judicial impulsado por el actual gobierno federal.
La participación ciudadana en la elección judicial del domingo alcanzó 13% del padrón de 99.8 millones de electores.
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