- La pregunta que se hace la ciudadanía es: ¿fue realmente un ejercicio de participación ciudadana o un paso calculado para aumentar el costo del transporte sin protestas?
Rafael Pascual
Lo que se presentó como un ejercicio democrático terminó generando más dudas que confianza. Este domingo, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) realizó por primera vez una consulta ciudadana sobre movilidad en Cancún, la cual fue señalada por su falta de difusión, desorganización y posible trasfondo político: justificar un aumento en la tarifa del transporte público.
La jornada se llevó a cabo de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Palacio Municipal, domos deportivos y parques de regiones como la 58, 95, 102, 223, 232, 237, 240, Galaxias, Prado Norte y Urbi Villas del Rey.
Sin embargo, la consulta fue duramente criticada por su escasa convocatoria. No se realizaron actividades en los tianguis ni se invitó a estudiantes de nivel medio superior y superior, uno de los sectores que más utiliza el transporte. Además, circularon versiones de que choferes de diversas empresas fueron obligados a acudir con sus familias y registrar su participación en video o fotografía.
Previo a la votación, se aplicó un cuestionario de 17 preguntas sobre las condiciones del servicio, el trato de los operadores, los tiempos de traslado y, la más polémica, si los usuarios estarían dispuestos a pagar más por un transporte “más digno”.
De aprobarse, la nueva tarifa podría alcanzar o incluso rebasar los 15 pesos por viaje, lo que ha generado preocupación entre los usuarios, aunque hay quienes afirman que quedaría en 12.50 en la zona urbana y 20 en zona hotelera.
El titular del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, defendió el ejercicio como un esfuerzo por “escuchar a la ciudadanía”, aunque reconoció que no se difundió ampliamente.
“No hubo una convocatoria real”, admitieron incluso algunos funcionarios locales.
Por su parte, el regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, Jesús Pool Moo, advirtió que el derecho de los transportistas a pedir un ajuste no debe pasar por encima de los ciudadanos.
“Modernizar el transporte público es urgente, pero no puede hacerse a costa del ciudadano ni sin exigir un mejor servicio, unidades seguras y operadores capacitados. Modernizar sí, pero con justicia y transparencia”, subrayó.
Mientras tanto, la percepción general es de desinformación y desconfianza. Para muchos, la consulta parece carecer de sustento técnico y social, y más bien busca legitimar una decisión ya tomada.
Los resultados serán dados a conocer el 8 de octubre, pero la pregunta persiste: ¿fue realmente un ejercicio de participación ciudadana o un paso calculado para aumentar el costo del transporte sin protestas?
