- Regidor advierte invasión de facultades municipales
Rafael Pascual
La posibilidad de un incremento de tres pesos en la tarifa del transporte público en Cancún ha generado un clima de incertidumbre entre autoridades y ciudadanía, particularmente por la falta de información oficial y las dudas sobre la legalidad del proceso. Mientras el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) mantiene el anuncio del ajuste, en el Ayuntamiento de Benito Juárez aseguran no haber recibido ningún documento que avale la propuesta.
El regidor del PRI, Jorge Rodríguez, advirtió que el gobierno del estado podría estar invadiendo facultades municipales en la implementación del nuevo sistema de transporte MOBI y en la propuesta de aumento tarifario. Recordó que conforme a la Ley de Movilidad —especialmente el artículo 25 y las fracciones 36 y 78, sección VI—, cualquier modificación debe notificarse al Ayuntamiento para su análisis y eventual aprobación.
“No ha llegado ningún documento oficial, pese a los anuncios públicos sobre la posible alza”, afirmó.
Rodríguez señaló además que existen rumores sobre una posible reforma para retirar al municipio la facultad de revisar tarifas, lo que calificó como un intento de centralizar decisiones en Imoveqroo. “De entrada sí creemos que se está invadiendo la esfera municipal”, declaró.
El regidor consideró “excesivo” el aumento de tres pesos, ya que no se ha presentado ninguna justificación técnica o financiera que lo sustente. “¿Se sube porque cambiarán las unidades? ¿Por el combustible? ¿Seguirán los mismos camiones? No se nos ha informado nada”, cuestionó.
Ante este escenario, dijo haber iniciado diálogo con otros regidores de oposición para definir una estrategia jurídica y mediática que permita defender las atribuciones municipales ante lo que consideran una intromisión del gobierno estatal. También rechazó la posibilidad de que el transporte sea subsidiado por el estado, al considerar que los subsidios “son riesgosos” y no garantizan mejoras reales.
“Los derechos no se consultan”: activistas critican proceso y rechazan aumento
A la postura del cabildo se sumó la de Gerardo Ruiz Sánchez, presidente de la Red de Ciegos de Quintana Roo, quien señaló que la consulta ciudadana realizada el 5 de octubre carece de fundamento legal y fue utilizada para justificar un incremento anticipado.
“Los derechos no se consultan. Los derechos se ejercen”, expresó en un pronunciamiento basado en el artículo 8 constitucional. Aseguró que la consulta no buscaba mejorar el servicio, sino validar un cobro injustificado.
Ruiz Sánchez recordó que ninguna disposición de la Ley de Movilidad ni los reglamentos municipales exigen consultas públicas para garantizar el derecho a un transporte digno, seguro y accesible. Por ello, pidió que las autoridades revoquen cualquier decisión que condicione la mejora del servicio a un aumento tarifario.
“En una ciudad de más de un millón de habitantes, primero se dignifica el servicio y luego, con resultados, se evalúa su valor”, subrayó. “No al aumento de tarifas. Primero un transporte público digno, seguro y accesible”.
