- Pidieron la intervención directa de la gobernadora del estado, Mara Lezama, para frenar lo que calificaron como prácticas incongruentes, discriminatorias y con tintes de corrupción
Rafael Pascual
Prestadores de servicios turísticos del puerto de Puerto Juárez denunciaron públicamente una serie de obstáculos y actos de hostigamiento por parte de autoridades portuarias y administrativas, lo que ha impedido que más de 50 lancheros puedan operar con normalidad. Ante la falta de soluciones por la vía legal, advirtieron que iniciarán bloqueos en la vialidad si no se atienden sus demandas.
Durante una manifestación realizada este martes frente a la Capitanía de Puerto, los trabajadores del mar señalaron directamente al capitán de fragata Rigoberto López Martínez, anteriormente capitán de puerto y actual jefe de Navegación, y al teniente Alberico Guzmán, jefe del área de REMAFE, por ponerles una serie de trabas administrativas. Entre ellas destaca la exigencia de tomar cursos que ya no se imparten, realizar trámites únicamente en Mérida y someterse a exámenes médicos en esa misma ciudad, lo que consideran injustificado y costoso.
Los manifestantes acusan un hostigamiento constante hacia las cooperativas legalmente establecidas, mientras que la Capitanía de Puerto permite la operación de embarcaciones irregulares y capitanes sin permisos, y sin que se tomen medidas al respecto.
También exigieron a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) que les permita ingresar al muelle con los gafetes que la misma dependencia les vendió, señalando que esta autoridad se está atribuyendo facultades que no le corresponden. “No vamos a permitir que se lucre con nuestra necesidad de trabajar ni que se beneficie a empresas ilegales, foráneas o extranjeras a costa de los prestadores locales”, señalaron René Gonzalo y Julio César Peraza, representantes de las cooperativas.
Los afectados pidieron la intervención directa de la gobernadora del estado, Mara Lezama, para frenar lo que calificaron como prácticas incongruentes, discriminatorias y con tintes de corrupción. Advirtieron que si no hay respuesta institucional a sus demandas, tomarán acciones más severas en defensa de su derecho al trabajo.
