El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, otorgó una licencia de construcción irregular al proyecto inmobiliario Maiim en junio de 2022, sin que los inversionistas contaran con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) requerida por la ley federal.
El Juzgado Quinto de Distrito en Cancún, mediante el amparo 952/2024-A-2, anuló el permiso y ordenó la demolición del condominio de 30 departamentos, ubicado en una zona de conservación según el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET), y ahora los inversionistas buscan al presidente municipal para les responda por este fraude.
Irregularidades en la gestión de Castañón
La licencia, emitida por Desarrollo Urbano de Tulum bajo la administración de Castañón, ignoró la ausencia de la MIA, un documento esencial para evaluar el impacto ambiental de proyectos en ecosistemas frágiles como el de Tulum. Esta omisión refleja una gestión cuestionable que, según críticos, privilegia el desarrollo inmobiliario sobre la sustentabilidad, en un municipio donde la presión urbanística amenaza la biodiversidad. La sentencia judicial ordena detener la obra, restaurar el terreno y, en caso de incumplimiento, demoler a costa de los inversionistas, con supervisión de la Profepa.
Cómplices en el desorden
La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), liderada entonces por Armando Lara de Nigris, emitió en octubre de 2023 una constancia de congruencia urbanística igualmente irregular, también anulada por el juez. Ambas dependencias debían verificar la MIA, pero su negligencia permitió el avance de una obra ahora condenada. La decisión judicial exige a Sedetus, actualmente bajo José Alberto Alonso Ovando, y a Desarrollo Urbano de Tulum emitir resoluciones que nieguen los permisos por incumplir la normativa ambiental.
Denuncia ciudadana y precedente
La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) promovió el amparo tras una denuncia vecinal y una inspección de Profepa que confirmó la falta de la MIA, pese a un plazo de 70 días otorgado a los inversionistas para tramitarla. El fallo fortalece el rol de la sociedad civil en la defensa del territorio y expone un patrón de construir sin permisos para luego buscar regularización, práctica que DMAS vincula a otros casos, como el de Adamar en Bahía de Soliman.
La sentencia marca un precedente en justicia ambiental, pero el foco permanece en Castañón, cuya administración enfrenta cuestionamientos por facilitar proyectos que comprometen el futuro ecológico de Tulum.
(Expediente Quintana Roo )
