- “Vamos a cerrar la entrada de ICA hasta que nos paguen. Nos deben más de 12 meses y muchos de nuestros motores están rotos o fueron robados”, denunció Jesús Cahum Mex, pescador y activista local
Rafael Pascual
Alrededor de las 15:30 horas de este miércoles, un grupo de pescadores y prestadores de servicios turísticos-marítimos tomó las oficinas de la empresa ICA, ubicadas en la avenida Palenque, Supermanzana 26 de Cancún, en protesta por la falta de pago de la renta de sus embarcaciones y por los daños ocasionados a sus equipos durante la construcción del Puente Vehicular Nichupté.
Como parte de la acción, los manifestantes —en coordinación con el sindicato CATEM— bloquearon el acceso principal con una lancha sobre un remolque y colocaron dos mantas con mensajes en los que acusan a ICA de “ratera” y exigen el pago inmediato de lo adeudado. También señalaron directamente a Rafael Méndez, presunto responsable del área operativa, como quien debe responder por los compromisos incumplidos.
“Vamos a cerrar la entrada de ICA hasta que nos paguen. Nos deben más de 12 meses y muchos de nuestros motores están rotos o fueron robados”, denunció Jesús Cahum Mex, pescador y activista local.
Los afectados aseguran que sus embarcaciones fueron utilizadas no solo para el traslado de personal de obra, sino también como remolques de otras lanchas cargadas con maquinaria, lo cual generó daños severos a los motores y estructuras. A pesar de ello, aseguran, no han recibido compensación alguna ni el pago correspondiente a la renta pactada, que en algunos casos asciende a 30 mil pesos mensuales por unidad.
En el caso de Cahum Mex, el adeudo supera los 650 mil pesos, entre rentas vencidas y el costo de un motor averiado.
“No estamos pidiendo nada extra, solo que nos paguen lo justo por un trabajo que cumplimos. Usaron nuestros equipos, los dañaron, y ahora no quieren responder”, añadió.
Los manifestantes advirtieron que el plantón será indefinido hasta que ICA cumpla con los pagos y se haga responsable de los daños. También solicitaron la intervención urgente del Gobierno Federal, al tratarse de una obra pública financiada con recursos del erario y que, según denunciaron, ha dejado un saldo de abusos hacia trabajadores locales.
