- El organismo ciudadano calificó la práctica como un “fast track” legislativo, similar a reformas constitucionales anteriores, y destacó que la revisión en la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria fue realizada en un tiempo limitado que, a su juicio, contrasta con la magnitud de la iniciativa
Rafael Pascual
El Observatorio Legislativo de Quintana Roo, que encabeza Eduardo Galaviz Ibarra, denunció la rapidez con la que la XVIII Legislatura aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de la Universidad del Poder Judicial. Según su boletín 277, la iniciativa, de 219 páginas, 12 títulos y 261 artículos, fue ingresada a través de la Comisión Permanente, turnada a Comisiones al día siguiente y analizada y aprobada en el pleno en un lapso de apenas cuatro horas.
El organismo ciudadano calificó la práctica como un “fast track” legislativo, similar a reformas constitucionales anteriores, y destacó que la revisión en la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria fue realizada en un tiempo limitado que, a su juicio, contrasta con la magnitud de la iniciativa. La aprobación se dio con la mayoría de la fuerza hegemónica de la Legislatura y en medio de la oposición de PAN y Movimiento Ciudadano.
El objetivo declarado de la reforma es actualizar la normativa secundaria a los cambios constitucionales, fortalecer la función jurisdiccional y modernizar el marco legal estatal. Entre los cambios, se ratifica que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial y los juzgados y tribunales son los encargados del ejercicio del Poder Judicial, mientras que órganos auxiliares como el Registro Civil, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Ministerio Público apoyan la impartición de justicia.
El boletín también resalta que el Tribunal de Disciplina Judicial será responsable de evaluar el desempeño de magistrados, juzgadores y servidores judiciales, un punto que generó críticas de legisladores de la oposición. Asimismo, el Órgano de Administración Judicial contará con independencia técnica y de gestión, pero será integrado por representantes designados por el Ejecutivo, la Legislatura y el pleno del TSJ, lo que el Observatorio califica como un reflejo del “abandono constitucional de la separación de poderes”.
En materia de transparencia, las reformas establecen la creación de un Boletín Judicial y de una página oficial de internet para dar publicidad a resoluciones, acuerdos y procedimientos. También se incorpora el concepto de “Justicia Digital” para la tramitación electrónica de expedientes y audiencias, aunque sin plazos definidos para su implementación.
El Observatorio advierte que, aunque no se prevén afectaciones presupuestales inmediatas, las mejoras deberán considerarse en el presupuesto de 2026, mientras la ciudadanía queda a la espera de un seguimiento cercano a la aplicación de estas reformas.
