- Previo a la entrada en vigor del decreto, publicado el 10 de diciembre, las compraventas podían concretarse con la presentación de la cédula catastral vigente y el comprobante del pago del predial del periodo en curso, reservando la constancia de no adeudo para trámites específicos como fusiones o subdivisiones
Rafael Pascual
La reciente obligatoriedad de la constancia de no adeudo del impuesto predial para formalizar operaciones de compra–venta de inmuebles ha evidenciado cuellos de botella administrativos que comienzan a impactar la dinámica del mercado inmobiliario en Cancún.
De acuerdo con agentes del sector, el principal problema radica en el tiempo de expedición del documento, que puede extenderse hasta 20 días hábiles, un plazo que no se ajusta a los tiempos operativos de notarías, bancos y esquemas de financiamiento hipotecario, generando retrasos en cierres previamente calendarizados.
Aunque el gremio reconoce que la medida aporta mayor control y certeza jurídica a las transacciones, advierte que su implementación careció de un ajuste paralelo en la capacidad operativa de la autoridad recaudadora, lo que ha provocado reprogramaciones y riesgos de cancelación de operaciones.
La asesora inmobiliaria Patricia Mora Vallejo señaló que el trámite, al realizarse exclusivamente en línea, ha complicado operaciones que ya estaban listas para formalizarse, particularmente aquellas vinculadas a créditos bancarios o a inversionistas extranjeros, cuyos procesos están sujetos a fechas estrictas.
Indicó que, previo a la entrada en vigor del decreto, publicado el 10 de diciembre, las compraventas podían concretarse con la presentación de la cédula catastral vigente y el comprobante del pago del predial del periodo en curso, reservando la constancia de no adeudo para trámites específicos como fusiones o subdivisiones.
Ante este escenario, el sector inmobiliario hizo un llamado a las autoridades municipales para optimizar los procesos administrativos y reducir los tiempos de respuesta, a fin de evitar que el nuevo requisito se convierta en un factor que frene la inversión y afecte la confianza en el mercado local.
Finalmente, los especialistas coincidieron en que una implementación más ágil permitiría cumplir con el objetivo de transparencia fiscal sin comprometer la actividad económica del municipio.
