- Cambiar de empresa operadora no resolverá el problema si no hay coordinación efectiva entre autoridades y operadores. “Ya sea Aguakan, CAPA o cualquier otra empresa, los problemas seguirán si no se trabaja en conjunto”, subrayan
Rafael Pascual
En el fraccionamiento Paseo Nikté de Cancún, la falta de agua potable es un problema que se ha vuelto cotidiano, pero ahora los vecinos alzan la voz con más fuerza. Señalan que la escasez, la baja presión y la mala calidad del agua reflejan la falta de coordinación entre Aguakan, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Ayuntamiento de Benito Juárez.
Gerardo Ruiz Sánchez, presidente del Comité Vecinal y de la Red de Ciegos de Quintana Roo, advierte que la situación pone en riesgo la vida diaria de miles de familias y evidencia la irresponsabilidad de las autoridades. “Cuando una institución falla, todas fallan, y los ciudadanos pagamos las consecuencias”, afirma, al tiempo de anunciar que este jueves presentará el documento ante el Cabildo.
Los problemas son múltiples y constantes: Aguakan no respeta los horarios de bombeo, generando baja presión y cortes frecuentes; la CFE no ha invertido en infraestructura eléctrica suficiente, provocando que los apagones detengan las bombas de agua; y el Ayuntamiento autoriza desarrollos inmobiliarios, como Casas Javer, sin exigir cisternas ni aljibes, dejando a los vecinos sin capacidad de almacenamiento.
El Comité Vecinal propone que la fianza que Casas Javer debió entregar al Ayuntamiento se use para construir cisternas para cada edificio. Además, denuncian que el agua que llega a los hogares está contaminada, obligando a las familias a gastar en garrafones o filtros para poder consumirla, y que la construcción del Tren Maya ha afectado los cenotes de donde se extrae el líquido.
Ruiz Sánchez es claro: cambiar de empresa operadora no resolverá el problema si no hay coordinación efectiva entre autoridades y operadores. “Ya sea Aguakan, CAPA o cualquier otra empresa, los problemas seguirán si no se trabaja en conjunto”, subraya.
El pliego petitorio de los vecinos exige: cumplimiento estricto de los horarios de bombeo, inversión urgente en infraestructura eléctrica y de agua potable, regulación efectiva de desarrollos inmobiliarios, garantía de calidad en el agua y coordinación real entre autoridades y empresas.
“El acceso al agua potable no es un privilegio, es un derecho humano. Y mientras las instituciones no cumplan, quienes sufren somos nosotros, los ciudadanos”, concluye el activista y líder comunitario.
