- “Hemos presentado denuncias ante Profepa y otras autoridades sin obtener respuesta. Si esto no se detiene, instalaremos campamentos para frenar la obra”, advirtió Katerine Ender Córdova, activista y habitante de la zona
Rafael Pascual
Vecinos de la Supermanzana 33 y miembros de la organización civil Salvemos Juntos el Ombligo Verde denunciaron públicamente que la prelatura de la Diócesis Cancún-Chetumal está rebasando los límites permitidos en la remodelación de la Catedral de Cancún, invadiendo parte del área protegida conocida como Ombligo Verde.
En conferencia de prensa, los inconformes señalaron que aunque la licencia autorizada solo permite remodelaciones dentro del área construida en 2000, la obra en curso contempla una ampliación significativa: una nueva nave central, áreas administrativas, salones parroquiales, estacionamiento y un campanario, con una inversión inicial de 30 millones de pesos.
De acuerdo con los denunciantes, estas nuevas estructuras están avanzando sobre superficie de la reserva ecológica, violando la Ley de Equilibrio Ecológico al carecer de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito obligatorio para obras con afectaciones potenciales al ecosistema. También acusan que se han talado especies vegetales y arrojado material pétreo dentro del área natural.
“Hemos presentado denuncias ante Profepa y otras autoridades sin obtener respuesta. Si esto no se detiene, instalaremos campamentos para frenar la obra”, advirtió Katerine Ender Córdova, activista y habitante de la zona que encabeza la parte legal de la denuncia vecinal.
El Ombligo Verde es considerado uno de los últimos pulmones naturales de Cancún, hábitat de aves y vegetación nativa, y ha sido objeto de defensa social frente a repetidos intentos de urbanización.
Por su parte, Juan Manuel Arroyo Valerio, Perito Responsable de Obra (P.R.O.), defendió el proyecto al asegurar que cuentan con una licencia de construcción desde el año 2000, y que la intervención actual se mantiene dentro de la legalidad.
Pese a ello, vecinos y ambientalistas sostienen que las autoridades han sido omisas y que la prelatura actúa con total impunidad, apropiándose de más espacio del que le corresponde y violando sistemáticamente normas ambientales en una zona que debería estar plenamente protegida.
