- En un contexto marcado por el acelerado crecimiento poblacional, la presión sobre la infraestructura, el rezago en servicios y los conflictos socioambientales, el PDU se perfila como una herramienta estratégica para definir densidades, usos de suelo, movilidad y conservación ambiental
Rafael Pascual
Tras la impugnación legal del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) aprobado en 2022, el Ayuntamiento de Benito Juárez se alista para arrancar en marzo próximo un nuevo proceso de consulta ciudadana que permita actualizar este instrumento clave de planeación, ahora con acompañamiento técnico de ONU-Habitat y bajo estándares internacionales de participación social.
El síndico municipal, Miguel Ángel Centeno, informó que en los próximos días sesionará el comité técnico responsable del proceso, con el objetivo de definir el calendario oficial de actividades y dar inicio a una etapa que marcará el rumbo del crecimiento urbano de Cancún en los próximos años.
Explicó que el PDU vigente fue impugnado por organizaciones ambientalistas, que señalaron deficiencias en los mecanismos de participación ciudadana y omisiones en criterios de ordenamiento territorial y protección ambiental, lo que obligó al Ayuntamiento a replantear el procedimiento.
“El objetivo es que la actualización del PDU quede concluida este mismo año. Estimamos un periodo aproximado de seis meses, pero lo más importante es garantizar un proceso ordenado, transparente y con participación social efectiva”, subrayó Centeno.
Como parte de este nuevo enfoque, el municipio firmó en noviembre de 2025 un convenio de colaboración con ONU-Habitat, organismo de Naciones Unidas especializado en desarrollo urbano sostenible, que brindará asesoría técnica y metodológica para fortalecer el proceso de planeación.
En un contexto marcado por el acelerado crecimiento poblacional, la presión sobre la infraestructura, el rezago en servicios y los conflictos socioambientales, el PDU se perfila como una herramienta estratégica para definir densidades, usos de suelo, movilidad y conservación ambiental.
Autoridades municipales reconocen que el reto no será únicamente cumplir con los plazos establecidos, sino recuperar la confianza ciudadana en un instrumento que ha generado controversia y que, de concretarse con éxito, podría sentar un precedente nacional en planeación urbana participativa.
