- La justicia federal ordenó corregir las condiciones en las que viven cientos de familias en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey de Cancún, donde carecen de servicios básicos esenciales
Rafael Pascual
Lo que por años fue ignorado por autoridades y normalizado en el crecimiento urbano, hoy enfrenta un freno legal: la justicia federal ordenó corregir las condiciones en las que viven cientos de familias en un fraccionamiento de Cancún.
Con fecha 19 de febrero de 2026, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito confirmó una sentencia derivada del amparo en revisión 280/2024, en la que obliga a autoridades estatales y municipales a atender las irregularidades en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey, donde habitantes carecen de servicios básicos esenciales.
La resolución establece que no pueden seguir tolerándose desarrollos entregados sin drenaje ni infraestructura hidráulica adecuada, al considerar que estas omisiones vulneran derechos fundamentales, entre ellos el acceso a una vivienda digna y a un medio ambiente sano.
El Tribunal subrayó que este caso no es aislado. En Quintana Roo miles de viviendas han sido construidas y comercializadas sin cumplir condiciones mínimas de urbanización, bajo la omisión —y en algunos casos permisividad— de las autoridades responsables.
Como parte de la sentencia, se ordena a las autoridades municipales reconocer formalmente el incumplimiento del desarrollador, mientras que el gobierno estatal deberá iniciar de inmediato un procedimiento legal para obligarlo a concluir las obras de agua potable y alcantarillado.
El fallo fija además un plazo de tres días para que el desarrollador responda. En caso de incumplimiento, se deberá ejecutar una fianza superior a 12.7 millones de pesos, recursos que permitirían al Estado realizar directamente las obras en un periodo no mayor a seis meses.
La resolución también establece que las autoridades en materia de desarrollo urbano tienen la obligación de vigilar, actuar y corregir, desechando la práctica de deslindar responsabilidades mientras persisten condiciones insalubres para los habitantes.
El Tribunal reconoció que el derecho a la vivienda digna no se limita a la entrega de un inmueble, sino que implica garantizar servicios básicos como agua potable, drenaje, saneamiento y un entorno seguro.
Este fallo sienta un precedente relevante no solo para Quintana Roo, sino a nivel nacional, al enviar un mensaje claro tanto a autoridades como a desarrolladoras: la omisión también genera responsabilidad, y los derechos de los ciudadanos deben prevalecer sobre la expansión inmobiliaria sin control.
