- El debate estuvo marcado por el apoyo oficial y críticas de la oposición sobre descansos, horas extras y efectos laborales, pero al final todos avalaron el dictamen
El Senado de la República dio un paso formal hacia la reducción de la jornada laboral en México al aprobar en el Pleno el dictamen que reformaría el artículo 123 de la Constitución para fijar una semana laboral de 40 horas en lugar de 48, con una implementación gradual desde 2027 hasta 2030.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada por 121 senadores de todos los grupos parlamentarios presentes en la sesión, pero mantiene puntos de discusión sobre descansos obligatorios y horas extras que generaron un debate intenso.
Para legisladores del oficialismo, este ajuste representa un avance significativo en la defensa de los derechos laborales y busca mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores.
Waldo Fernández González, del PVEM, destacó que esta reforma va más allá de los tecnicismos legales, ya que representa tiempo, salud y una mejor calidad de vida para las y los mexicanos.
“No se trata solo de un ajuste técnico a la ley, sino de un cambio que coloca en el centro a las personas trabajadoras, a sus familias y a su derecho a vivir con dignidad”.
La postura de los partidos de oposición fue más cautelosa o crítica, aun cuando algunos coincidieron en respaldar la reducción de horas.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, calificó la iniciativa como una “simulación” si no se garantiza explícitamente en la Constitución un esquema de dos días de descanso obligatorio, por lo que advirtió que sin esa protección los trabajadores podrían terminar laborando seis días a la semana bajo un esquema modificado de horas.
La priista Carolina Viggiano alertó sobre efectos fiscales y laborales relacionados con la ampliación de las horas extras de nueve a 12 por semana, particularmente en el pago de impuestos sobre la renta e impacto en el reparto de utilidades, y planteó la necesidad de adecuar la Ley Federal del Trabajo para evitar impactos negativos.
Desde Movimiento Ciudadano, legisladores expresaron que la reforma tal como está redactada no cumple totalmente con las expectativas de las y los trabajadores, porque permite una jornada semanal reducida sin exigir descansos suficientes ni una aplicación inmediata.
Por ello, han solicitado que la discusión avance hacia una regulación más clara que beneficie de manera real a los empleados, indicó Alejandra Barrales.
Gonzalo Yañez, del PT, criticó que la iniciativa no incorpore necesariamente los dos días de descanso a la semana, elemento que considera central para que la reducción de horas tenga un impacto real en la vida de los trabajadores, aunque al final su bancada votó a favor del dictamen en general.
Entre los beneficios anticipados, los defensores del proyecto afirman que una jornada laboral de 40 horas podría mejorar el equilibrio entre vida personal y trabajo, reforzar la salud pública y alinearse con estándares internacionales que promueven una mayor eficiencia sin detrimento de salarios o prestaciones.
La reforma establece que no habrá disminución de haberes ni derechos adquiridos como resultado del cambio constitucional, y que los cambios serán progresivos para permitir adaptación empresarial.
Sin embargo, los partidos de oposición advirtieron sobre riesgos si no se clarifica el régimen de días de descanso y alertaron alertan que las horas extras podrían elevarse sin un marco adecuado de compensación o fiscalización y, en general, consideran que la gradualidad podría diluir los beneficios esperados.
Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar su ruta legislativa, donde se prevé un debate igualmente intenso entre bancadas que han mostrado opiniones diversas sobre el impacto real de la reducción de la jornada laboral.
