- Ya suman cuatro exfuncionarios imputados
Rafael Pascual
Cuatro años bastaron para evidenciar lo que hoy un juez comenzó a revisar en sede penal: presuntas omisiones en los análisis genéticos que habrían retrasado la identificación de Francisca Mariner. Este día, en los juzgados orales, concluyó la audiencia de vinculación a proceso en contra de un químico forense que formó parte del área de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.
El exservidor público fue imputado por presunta negligencia en la práctica de estudios genéticos relacionados con el caso. De acuerdo con los señalamientos, las fallas en la identificación provocaron que los restos de la víctima permanecieran más de cuatro años en el Servicio Médico Forense sin que se lograra su reconocimiento oficial.
Con esta determinación judicial, ya son cuatro los exfuncionarios que enfrentan cargos dentro de la misma investigación. Además del perito químico recientemente vinculado, se encuentran bajo proceso la ex responsable de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y dos exfiscales: uno que estuvo al frente del área de desaparecidos y otro adscrito a homicidios, todos señalados por presuntas irregularidades en el manejo del caso.
En el caso de los primeros imputados, la etapa de investigación complementaria ya fue cerrada, por lo que el expediente se encuentra en fase intermedia. En esta etapa, el juez determinará en audiencia qué pruebas serán admitidas o descartadas de cara a un eventual juicio oral.
La presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, María Patrón Pat, acompañada por la abogada Ariadne Song Anguas, afirmó que la resolución representa un paso importante hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, reconoció que cada avance en el proceso implica también revivir las omisiones y errores que, aseguran, marcaron profundamente el caso.
Por su parte, la parte denunciante adelantó que continuará promoviendo acciones legales para que se investigue penalmente a otros tres exfuncionarios de alto rango: un exfiscal general del estado, un ex vicefiscal y un exdirector de Servicios Periciales, quienes —según lo expuesto— habrían tenido conocimiento de las inconsistencias en el manejo del caso y no habrían intervenido para corregirlas.
El proceso judicial continúa su curso, mientras las familias y colectivos mantienen la exigencia de justicia y responsabilidades claras en uno de los casos que ha generado mayor indignación en la entidad.
