- “Ya esto es cansado para nosotros, pues es más que nada como una burla hacia nosotros como víctimas”, expresó María Dolores Patrón Pat, madre de Francisca y presidenta del colectivo
Rafael Pascual
A casi dos años de un proceso judicial, la justicia sigue sin llegar para la familia de Francisca Mariner Flores Patrón. Por tercera ocasión fue diferida la audiencia intermedia contra un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado (FGE), acusado de omisiones y negligencia en la investigación de la desaparición de la joven, cuyo cuerpo permaneció casi cuatro años en el Servicio Médico Forense (Semefo) antes de ser localizado.
El nuevo aplazamiento provocó la protesta de integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, quienes se manifestaron en la glorieta Kukulcán en la entrada de la zona hotelera de Cancún para exigir que el caso avance y se eviten más retrasos.
“Ya esto es cansado para nosotros, pues es más que nada como una burla hacia nosotros como víctimas”, expresó María Dolores Patrón Pat, madre de Francisca y presidenta del colectivo.
Explicó que la audiencia estaba programada para este miércoles, pero otra vez no se llevó a cabo. Señaló que el defensor particular del imputado, identificado como fiscal del Área de Homicidios de la FGE, ha recurrido a diferimientos que mantienen estancado el procedimiento.
La madre de la víctima recordó que el exfuncionario promovió un amparo que obligó a reiniciar parte del proceso, incluida una nueva audiencia de vinculación a proceso. A su juicio, las omisiones institucionales y las dilaciones judiciales han prolongado innecesariamente la búsqueda de justicia.
Por su parte, la abogada Ariadne Song Anguas sostuvo que la audiencia intermedia no debería aplazarse reiteradamente y señaló que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, esta etapa permite debatir la admisión y exclusión de las pruebas que se presentarán en el juicio oral.
La litigante consideró que los aplazamientos favorecen una estrategia dilatoria orientada a negociar una reparación del daño, mientras que las víctimas buscan llegar a juicio para sentar un precedente y evitar que otros servidores públicos incurran en negligencia en casos de desaparición.
La audiencia fue reprogramada para el 3 de noviembre a las 10:00 horas. Song Anguas advirtió que el nuevo diferimiento también representa un perjuicio económico para la familia, que debe cubrir el traslado de su asesora jurídica desde Chetumal, ante su desconfianza en la representación asignada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.
