La empresaria Erika García Deister insistía legalmente en obtener medidas cautelares, pero en vísperas de que le fuera negada la suspensión definitiva del caso, ella misma frenó la batalla legal
Luces del Siglo/Marco Antonio Barrera
La empresaria Erika García Deister se desistió de un juicio de amparo con el cual buscó paralizar el procedimiento penal contra uno de los lujosos departamentos que le fueron asegurados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo.
La cancunense insistía legalmente en obtener medidas cautelares, pero en vísperas de que le fuera negada la suspensión definitiva del caso 28809363 radicado en el Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito, ella misma frenó la batalla legal emprendida para recuperar una propiedad del Condominio Maioris Towers de la Zona Hotelera de Cancún.
Erika García Deister es mamá del diputado local verde-ecologista Gustavo Miranda y originalmente trató de obtener la protección federal contra actos del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad de Delitos Patrimoniales y contra dos fiscales adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), el pasado 4 de octubre de 2021.
Ante el órgano jurisdiccional federal la empresaria reclamó la orden de aseguramiento, desalojo, desposesión y lanzamiento del bien inmueble que se ejecutó por la investigación de la simulación de un juicio laboral para evitar saldar un crédito por 833 mil dólares con la moral Maioris Cancún, S. de R. L. de C.V., cuyos hechos fueron denunciados en el video reportaje de Latinus titulado “El Cártel del Despojo”, el pasado 9 de mayo.
Mediante el oficio FGE/FECC/167/2021 se solicitó el aseguramiento del folio electrónico registral 263773 del inmueble (16 abril 2021), que se sumó a la confiscación física (25 febrero 2021) del apartamento ubicado en la Av. Bonampak, nivel 19, número UC 44, Int. 75-P19 PH-S, lote 1-2, manzana 27.
Como parte de la batalla legal, la empresaria obtuvo un par de suspensiones provisionales que le permitieron seguir disfrutando la propiedad, aunque sin poder venderla ni disponer de ella con el previo pago de dos garantías económicas, una de 20 mil pesos (6 octubre 2021) y otra por 50 mil pesos (4 enero 2022).
Fue finalmente mediante un escrito que presentó su apoderada legal Wendy de los Santos el 12 de enero del presente año que se desistió el juicio de garantías, en el que alegando protección por los contagios de Covid-19 solicitó que la ratificación de su escrito se hiciera a través de una videoconferencia o de una video llamada que finalmente ocurrió el 17 de enero pasado.
A los tres días que se abandonó la pelea legal, el juez le advirtió que con su acción suponía su consentimiento expreso de los actos censurados y que hacía improcedente otro juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados.
El apartamento en disputa legal tiene su origen en un reclamó del acreedor español Banco de Sabadell, S.A. por recuperar un crédito por 833 mil dólares americanos que fue otorgado originalmente la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante “Bancaja” en 2011.
La cancunense intentó evitar el pago mediante la simulación del juicio laboral 152/2015, cuya resolución adjudicó el inmueble a sus supuestos empleados que vendían tiempos compartidos en las empresas de García Deister.
Los beneficiados con el tramposo procedimiento fueron el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Luis Pablo Bustamante Beltrán, José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Albornoz y Marcela Bañuelos Cobos.
Durante el juicio de amparo, Erika García justificó la propiedad del departamento mediante la escritura pública cuatro mil ochenta y ocho, pasada ante la fe pública de Notario Ochenta y Cuatro de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, misma que obtuvo con la operación mercantil que pactó con la moral Maioris Cancún.
