- Destinan 4,859 millones de pesos para adquirir equipo estratégico, táctico y operativo
El CNI, liderado por Francisco Almazán Barocio y bajo la coordinación de Omar García Harfuch, recibirá una histórica inversión de 4,859 millones de pesos para adquirir equipo estratégico, táctico y operativo.
En un movimiento sin precedentes, el Gobierno federal aprobó el proyecto de inversión más grande en una década para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El objetivo es modernizar y fortalecer las capacidades de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado.
El presupuesto aprobado supera en 162% el monto original asignado al CNI para 2024, que era de 2,984 millones de pesos, y marca un incremento sustancial en los recursos destinados a labores de inteligencia, superando incluso los registros de 2014.
Detalles del proyecto:
– La inversión se destinará a la adquisición de equipo avanzado en recolección de datos, comunicaciones, y operaciones tácticas, además de vehículos especializados.
– La ejecución del proyecto está programada entre noviembre y diciembre de 2024.
– La justificación oficial resguarda los detalles operativos, argumentando que su divulgación pondría en riesgo la efectividad de las operaciones del CNI.
Historial de inversiones en inteligencia:
La inversión actual de 4,859 millones de pesos supera otros proyectos históricos, como los 4,687 millones destinados en 2014 para los centros regionales del entonces Cisen, o los 4,300 millones invertidos entre 2007 y 2012 en la Plataforma México.
Fortalecimiento estratégico:
Bajo la dirección de Omar García Harfuch, la SSPC busca consolidar una estrategia civil y coordinada en materia de seguridad, con el CNI como pieza central. Este fortalecimiento refuerza la transición hacia una política de inteligencia enfocada en la prevención del delito y el combate directo a organizaciones delictivas.
Expertos en seguridad consideran que esta inversión, aunque significativa, deberá acompañarse de un marco regulatorio que garantice transparencia y efectividad en su implementación, además de fortalecer la confianza pública en el manejo de estos recursos.
