Rafael Pascual
Por segunda ocasión, la Asociación Civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) logró que el Poder Judicial de la Federación invalidara un Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Esta vez, se trata del instrumento aprobado en 2022, el cual fue declarado insubsistente por violar principios fundamentales de participación ciudadana y acceso a la información ambiental.
La sentencia, dictada por la jueza Angélica Ortuño, señala que “ante lo fundado respecto a la violación en estudio, se concede el amparo a la parte quejosa y para el efecto de que las autoridades responsables deben proceder como el mismo documento lo establece: dejar insubsistente el PDU 2022 e iniciar de nueva cuenta todo el procedimiento para elaborar de nuevo el programa”.
La resolución exige al Ayuntamiento de Benito Juárez reiniciar desde cero el proceso de planeación urbana y detalla los lineamientos que deben cumplirse para garantizar un procedimiento legítimo, abierto y participativo. Entre ellos:
A) Que la consulta pública “se realice desde la etapa inicial del proceso de elaboración del programa de desarrollo urbano”.
B) Que se permita “el acceso a la información de forma oportuna, clara y comprensible”.
C) Que se asegure “la posibilidad real de la población de Benito Juárez de participar en su elaboración y aprobación”.
D) Que se garanticen “medios adecuados para la participación de los diferentes intereses presentes en el territorio en que podrá aplicarse el plan o programa de desarrollo urbano”.
E) Que se promueva “el aprendizaje entre las partes involucradas” y se valoren los saberes locales, además de establecer “acciones específicas que permitan la participación de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad o tradicionalmente subrepresentados en la toma de decisiones”.
A través de sus redes sociales, DMAS celebró la sentencia con entusiasmo y la calificó como una victoria para la ciudadanía cancunense. “¡La juez Angélica Ortuño lo vuelve a hacer! Nos otorga a los cancunenses una sentencia completa, estudiada y actual, como lo hizo en la defensa de Playa Delfines en 2024. Ahora, invalidando ese Programa de Desarrollo Urbano fraudulento de 2022”, expresó la agrupación.
El fallo también reconoce aspectos clave del derecho ambiental y administrativo, como el interés legítimo de la ciudadanía para impugnar actos que afecten su entorno, la reversión de la carga de la prueba —que obliga a la autoridad a demostrar que actuó conforme a la ley— y la centralidad de la participación social en la planeación urbana.
Este amparo se suma a una victoria previa obtenida por DMAS en 2020, también relacionada con irregularidades en un PDU. En ambos casos, la justicia federal ha respaldado la exigencia de legalidad, transparencia y participación pública en los procesos que definen el futuro urbano de Cancún.
“Pone además bien clarito los pasos para cumplir su sentencia”, subrayó la organización, encabezada por la abogada Antonella Vázquez Cavedon. “¡Gracias!”, concluye el mensaje difundido tras conocer el nuevo fallo.
Con esta resolución, se abre la puerta para que la ciudadanía tenga un rol más activo y determinante en la construcción del modelo urbano de Benito Juárez, en un contexto donde el desarrollo turístico e inmobiliario ha generado múltiples conflictos ambientales y sociales.
