- Organizaciones ambientales han señalado que la Semarnat carece de criterios claros y voluntad para frenar los abusos contra el patrimonio natural, particularmente en Quintana Roo, donde la presión del sector turístico-inmobiliario ha desplazado al interés público y ambiental
Rafael Pascual
Mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pone bajo consulta pública un proyecto que no implica obras civiles ni alteración permanente del entorno, ha permitido de forma impune la realización de megaproyectos turísticos e inmobiliarios que han destruido ecosistemas frágiles, sin pasar por procesos de consulta ni contar con autorizaciones ambientales en regla.
El proyecto denominado “Actividades Turísticas Complementarias en Zona Federal Marítimo Terrestre”, promovido por Operadora Diestra Cancún S.A. de C.V., con clave 23QR2025TD024, está vinculado al Hotel Emporio y se localiza en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. De acuerdo con la Gaceta Ecológica, la consulta pública fue abierta del 16 de julio al 12 de agosto de 2025, conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El plan contempla únicamente la colocación de mobiliario removible —como sillas, mesas y estructuras ligeras— para eventos sociales, principalmente bodas, en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). No requiere construcción, ni obras civiles, ni la instalación de infraestructura fija. Se prevé que los elementos sean montados y desmontados diariamente entre las 6:00 am y las 6:00 pm, mientras que los eventos se llevarán a cabo entre las 3:00 pm y las 10:00 pm.
Sin embargo, la Semarnat decidió someter a consulta pública este proyecto sin impacto estructural, mientras que en municipios como Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum e incluso Bacalar, ha sido omisa ante la proliferación de desarrollos que sí desmontaron mangle, iniciaron construcciones sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y han continuado operaciones a pesar de estar clausurados.
En varios de estos casos, los edificios ya fueron construidos y se encuentran incluso en fase de venta o promoción comercial, sin que hayan sido sometidos a procesos de consulta pública, como exige la ley ambiental.
La contradicción evidencia una aplicación selectiva y discrecional del marco jurídico ambiental, donde los proyectos menores cumplen con todas las formalidades, mientras que los grandes desarrollos, con impactos irreversibles sobre el entorno, avanzan bajo la protección de la omisión institucional.
Organizaciones ambientales y ciudadanos han señalado reiteradamente que la Semarnat carece de criterios claros, transparencia y voluntad para frenar los abusos contra el patrimonio natural, particularmente en Quintana Roo, donde la presión del sector turístico-inmobiliario ha desplazado al interés público y ambiental.
