- Santamaría fue notificado el pasado 10 de julio sobre una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado, en calidad de “inductor”, pese a que —según afirma— no existe ninguna prueba válida que lo vincule al crimen, ni un responsable material identificado
Rafael Pascual
En un momento particularmente delicado para el sindicalismo en Quintana Roo, marcado por el reciente asesinato de Mario Machuca Sánchez, exlíder de la CROC en Cancún, el secretario general de la CTM en el estado, Isidro Santamaría Casanova, alza la voz con una profunda preocupación: asegura estar siendo víctima de una persecución política que amenaza no solo su libertad, sino la estabilidad del movimiento obrero que ha defendido durante décadas.
Santamaría fue notificado el pasado 10 de julio sobre una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado, en calidad de “inductor”, pese a que —según afirma— no existe ninguna prueba válida que lo vincule al crimen, ni un responsable material identificado.
“Se están fabricando pruebas para incriminarme. Me están juzgando a oscuras, sin permitirme defenderme”, denunció con evidente preocupación. Acompañado por su equipo legal, promovió un juicio de amparo —expediente 725/2025— ante el Juzgado Octavo de Distrito, que le otorgó una suspensión provisional. Aun así, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha impedido el acceso a la carpeta de investigación, escudándose en la “secrecía” del caso.
Para Santamaría esta falta de transparencia no es un simple trámite burocrático: es una vulneración directa a su derecho de defensa y a su dignidad como ciudadano. “Estoy en estado de indefensión total”, expresó.
En su testimonio también hizo referencia a una posible motivación política detrás del proceso legal, señalando intereses vinculados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organización que —según él— busca debilitar y sustituir a la CTM en el estado.
En una carta dirigida a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Santamaría pidió la intervención urgente del Gobierno federal para detener lo que calificó como un “abuso extremo del poder del Estado”. En su mensaje solicitó: acceso a la carpeta de investigación, garantías para ejercer su defensa legal y enfrentar el proceso en libertad, y el cese inmediato a lo que describe como una campaña de persecución política.
El caso ha generado inquietud en diversos sectores sindicales y políticos, no solo por la figura pública de Santamaría, sino por lo que podría significar a largo plazo: un uso arbitrario de las instituciones de justicia como herramienta para reconfigurar el poder sindical en el estado, desplazando estructuras históricas en favor de nuevas organizaciones subordinadas.
