- El ahora detenido es identificado como Ángel Arturo “N”, quien junto con dos sujetos más cobraba “derecho de piso” al dueño de negocios de venta de comida preparada en Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum y Bacalar
Benito Juárez
La Fiscalía General del Estado informa que en colaboración con la FGJ de Tlaxcala, cumplimentó una orden de aprehensión, en el municipio de Apizaco, para una persona del sexo masculino, por su probable responsabilidad en hechos posiblemente constitutivos del delito de extorsión, en agravio de una víctima de identidad reservada.
Los sucesos por los que el ahora detenido, identificado como Ángel Arturo “N” está sujeto a investigación, ocurrieron desde diciembre de 2023, cuando la víctima, tras exigencias y amenazas, empezó a pagar de manera mensual la cantidad de 17 mil 500 pesos, por “derecho de piso”, por sus establecimientos de venta de alimentos preparados ubicados en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum y Bacalar, por un total de 50 mil pesos al mes.
Cabe mencionar que Ángel Arturo “N”, tenía como cómplices en el mencionado delito, a dos sujetos identificados como José Gerardo “N” y Ramón “N”, quienes ya fueron detenidos y vinculados a proceso, cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva, por el tiempo en el que se desarrolle su proceso judicial.
Indagatorias por parte de Policías de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Secuestro y Extorsión, apuntas a que los tres sujetos mencionados forman parte de una banda criminal generadora de violencia, dedicada a la venta de drogas y extorsión.
Tras denuncia de hechos por parte de la víctima, la Fiscalía General del Estado solicitó y obtuvo de un Juez de Control, la orden de aprehensión para Ángel Arturo “N”, quien fue ubicado en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, por lo que mediante acuerdo de colaboración con la Fiscalía de esa entidad, procedieron a detenerlo, para su traslado a Quintana Roo.
A su llegada al municipio de Benito Juárez, y tras cumplir con las diligencias de ley, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió; en el término constitucional previsto definirán su situación jurídica.
