El problema legal del Gobierno Federal con la empresa Sac Tun, antes Calica, está en el plano internacional consideró el director regional de la Comisión Nacional de áreas naturales protegidas Conanp, Juan Carlos Romero Gil, por lo que difícilmente pudiera saber qué va a pasar con respecto al predio que se ubica dentro del Área natural protegida Felipe Carrillo Puerto.
Con respecto a las más de 2 mil hectáreas impactadas por la empresa de capital estadounidense, reconoció no será fácil puedan recuperarse, de cualquier manera trabajarán en programa de manejo ambiental.
Independientemente de este problema legal con Sac Tun, Romero Gil observó que hay otras situaciones que amenazan a la misma área, entre los cuales destacó las invasiones.
Por su parte, el líder indígena Quetzal Tzab González, comentó que el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se encuentra en la revisión del conflicto entre México y la empresa de capital estadounidense CALICA (hoy Sac Tun) por la operación de la mina que tiene en Playa Carmen y como se recordará, por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora forma parte del área natural protegida Felipe Carrillo Puerto.
El entrevistado consideró que van bien porque el gobierno mexicano está tomando las medidas necesarias y está preparado para eso al igual que las comunidades afectadas por la operación de esta mina.
No obstante, manifestó su preocupación de que las políticas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump puedan afectar en el resolutivo.
Poco antes de concluir su mandato, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que declaró más de 50,000 hectáreas de la Riviera Maya como área natural protegida, incluídas las 2 mil hecáreas en donde Calica extraía piedra caliza.
En el 2022 el gobierno federal clausuró definitivamente la planta que operaba Vulcan Materials Company, a través de Calica, muy cerca del famoso parque de Xcaret, debido a que extrajo una mayor cantidad de roca de lo autorizado en la superficie, dijo el gobierno para justificar la medida en ese entonces.
La compañía de Estados Unidos, argumentó que la acción del gobierno mexicano equivalía a una “expropiación” e interpuso quejas ante los mecanismos de defensa comercial del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), alegando pérdidas multimillonarias.
