- “Lo que está en juego es la dignidad y el acceso a la justicia de quienes vivimos con discapacidad. Sin un amparo efectivo, quedamos a merced de decisiones que nos invisibilizan”, señala su presidente, Gerardo Ruiz
Rafael Pascual
La Red de Ciegos de Quintana Roo, a través de su presidente Gerardo Ruiz, expresó su rechazo a las recientes modificaciones en la interpretación de la Ley de Amparo realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que representan un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad.
Ruiz advirtió que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad serán los más afectados, ya que la Corte eliminó un precedente clave: anteriormente, si una ley impactaba directamente a las personas con discapacidad y no había sido consultada con ellas, podía invalidarse. Ahora, esa obligación se diluye.
Entre los cambios más preocupantes, señaló que ya no es obligatorio invalidar leyes por falta de consulta previa, siempre que se argumente que la norma “beneficia” a las personas con discapacidad.
Además, expresa que la carga de exigir la consulta recae ahora en los afectados y no en el legislador ni en el sistema judicial.
“Esto rompe con el principio de que la consulta previa no es una cortesía, sino un derecho establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, subrayó.
De acuerdo con la Red, esta decisión abre la puerta a medidas paternalistas e incluso expropiatorias, al dejar en manos del Estado la definición de lo que las personas con discapacidad “necesitan”, sin garantizar su participación ni autonomía.
También alertó sobre la posibilidad de que resurjan modelos discriminatorios, donde la discapacidad sea vista como carga social y no como parte de la diversidad funcional. “El Estado podría obligarnos a vivir de apoyos sociales o limosnas, negándonos oportunidades de desarrollo personal y profesional”, ejemplificó Ruiz.
Finalmente, la Red de Ciegos de Quintana Roo llamó a reivindicar el derecho a la consulta previa como principio constitucional.
Para ello -dijo-, hay que exigir que el modelo social de discapacidad sea el eje rector en toda legislación; documentar cada acto de exclusión como prueba de los retrocesos en materia de justicia y derechos humanos.
“Lo que está en juego es la dignidad y el acceso a la justicia de quienes vivimos con discapacidad. Sin un amparo efectivo, quedamos a merced de decisiones que nos invisibilizan”, concluyó Ruiz.
