- Descubren red que utilizaba placas clonadas y permisos falsos para ingresar ilegalmente decenas de miles de vehículos desde EU. A pesar de alertas, las autoridades ignoraron o toleraron el contrabando
Matamoros, Tamaulipas
Una operación sistemática de contrabando vehicular fue descubierta en las aduanas fronterizas de Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, tras detectarse que múltiples vehículos cruzaban con placas clonadas y permisos temporales falsificados. El hallazgo, hecho por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), comenzó con una alerta provocada por el cruce casi simultáneo de dos vehículos diferentes –un Ford Fusion blanco y un BMW de lujo– con la misma matrícula texana en puntos aduanales distintos, situados a 90 kilómetros uno del otro.
De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción, ese cruce irregular, ocurrido el 30 de abril de 2021, marcó el inicio de una indagatoria que destapó una red de tráfico ilegal de vehículos usada para ingresar decenas de miles de autos provenientes de Estados Unidos al territorio nacional. Lo que en un inicio parecía un caso aislado de duplicación de placas se convirtió en evidencia de un sistema de corrupción y complicidad institucional, operado con precisión desde ambos lados de la frontera.
El rastreo de las matrículas reveló que, además del BMW y el Ford, otros vehículos –incluidos un Volkswagen GTI, dos Jetta, y una Chevrolet Equinox– también habían cruzado la frontera portando la misma placa: HDY9677 del estado de Texas. Estas unidades ingresaron en diferentes días, utilizando el mismo número de matrícula, lo cual evidenció la existencia de una red bien organizada de falsificación y reutilización de documentos vehiculares.
Las irregularidades no se limitaron a las placas. ANAM también detectó la reutilización masiva de permisos temporales de internación, conocidos coloquialmente como permisos de “autos chuecos”. Uno de estos permisos, con número 91635R5, fue utilizado en 728 cruces distintos en apenas cuatro meses. Otros, como el 70601N3 y el 96447X5, registraron 219 y 253 cruces respectivamente, a través de diversos puentes internacionales entre Tamaulipas y Texas.
Estos datos revelan que por las aduanas de Reynosa y Matamoros cruzaban en promedio 3 mil 400 vehículos ilegales al mes, lo que representa más de 40 mil autos al año, todos bajo la misma mecánica de duplicación de placas y documentos. De esta manera, lo que debió ser una excepción terminó convertida en una rutina, alimentando una estructura de tráfico vehicular que operaba sin mayor resistencia institucional.
Los reportes internos de la ANAM señalaron que el fraude no solo era conocido sino tolerado. En ocho meses de monitoreo, de 27 mil 239 vehículos detectados con placas duplicadas, el sistema de inspección aduanal activó el semáforo rojo solo en 787 ocasiones, y de ellas, apenas dos concluyeron con un embargo formal.
La mayoría de las alertas no fueron seguidas como establecen los protocolos, y en algunos casos, videos de vigilancia mostraron complicidad directa de funcionarios aduanales. En uno de los ejemplos documentados, un encargado habitual del cruce permitió el paso sin revisión, mientras que en su ausencia, otro funcionario terminó embargando el vehículo involucrado.
ANAM compartió la información con autoridades de Estados Unidos, lo que permitió la detención de falsificadores en Laredo, Texas, e identificó posibles vínculos con cómplices en Brownsville. La red criminal, según las investigaciones, operaba tanto en territorio estadounidense como en México, facilitando el ingreso de autos ilegales mediante una estructura coordinada y sostenida en el tiempo.
A pesar de estas evidencias, la política federal tomó un rumbo contrario. El 18 de octubre de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que abrió la puerta a la regularización masiva de vehículos de procedencia extranjera, incluidos muchos que habían ingresado bajo estas prácticas de contrabando. Este decreto fue prorrogado en varias ocasiones, la última de ellas cuatro días antes de que el presidente concluyera su mandato, extendiendo su vigencia hasta septiembre de 2026.
El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, ha sido una de las voces más críticas respecto a esta política. En diversas entrevistas, entre ellas una con Aristegui Noticias en marzo de 2024, denunció que la regularización indiscriminada de los llamados “autos chocolate” representa un “golpe terrible para la legalidad y la economía formal”. Calculó que entre octubre de 2021 y mediados de 2023, se habían regularizado al menos 1.6 millones de vehículos. La cifra actualizada hasta el cierre de 2024 asciende a 2.2 millones de unidades, lo que, según sus estimaciones, representó más de 2 mil 200 millones de dólares en ganancias para el crimen organizado, con un ingreso promedio de mil dólares por auto para los contrabandistas.
Rosales también señaló que esta política ha causado una caída de 30% en las ventas de autos usados legales en el norte del país, afectando a los más de 3 mil distribuidores formales de vehículos en México y poniendo en riesgo alrededor de 175 mil empleos. En su opinión, las prórrogas del decreto carecen de sustento jurídico y responden a intereses económicos y políticos: “La única explicación que encuentro (…) es que hay mucho dinero de por medio fluyendo entre los funcionarios, y esta es especulación mía, que también se reflejó en el dinero hacia campañas políticas”, expresó a MCCI.
A pesar de los reportes que evidenciaban la relación entre los vehículos irregulares y las redes criminales –incluidos informes del Ejército sobre el uso de estos autos en actividades ilícitas–, el gobierno federal mantuvo y amplió el programa de regularización. Esto, según Rosales, implica una transgresión directa a la ley, al tiempo que fortalece a las mafias que lucran con el contrabando de vehículos.
Uno de los focos principales de esta red de contrabando ha sido el Puente Viejo de Matamoros, identificado por ANAM como el principal punto de ingreso de vehículos con placas clonadas. A través de este punto y otros similares, se construyó un sistema paralelo de importación ilegal que ha sido difícil de contener por la falta de control interno y la corrupción persistente en las aduanas.
En suma, la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción expone un fenómeno que va más allá del contrabando vehicular: evidencia cómo una red criminal logró infiltrarse en las estructuras institucionales del Estado, operar durante años bajo esquemas fraudulentos, y finalmente obtener legitimidad legal a través de decretos de regularización que, según expertos del sector automotriz, no atendieron criterios técnicos ni jurídicos, sino conveniencias políticas y económicas.
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