- La confrontación entre esta central obrera y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo escaló este miércoles a un nuevo nivel
Rafael Pascual
La confrontación entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo escaló este miércoles a un nuevo nivel.
El secretario general estatal de la CTM, José Isidro Santamaría Casanova, denunció públicamente al fiscal Raciel López Salazar por presunta extorsión, abuso de autoridad y fabricación de delitos, lo que causó preocupación entre sindicatos y organizaciones laborales del país.
Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la central obrera, Santamaría Casanova acusó al fiscal de intentar vincularlo con un homicidio ocurrido hace siete años mediante lo que calificó como una “fabricación de testimonio”. Según su declaración, una mujer habría denunciado haberlo escuchado ordenar desde un baño de las oficinas de la CTM el asesinato de un trabajador, Luis Fernando Peón Cardín, a quien presuntamente se le exigía devolver joyas y dinero robado.
El dirigente aseguró que la acusación es “una maniobra política y personal” sustentada en hechos imposibles de comprobar. “No hay pruebas reales, no hay testigos, no hay evidencias. Solo un dicho inventado para intentar incriminarme”, expresó.
De acuerdo con su versión, el fiscal le exigió a través de intermediarios la cantidad de 500 mil pesos —que luego se redujo a 200 mil— para detener el proceso penal en su contra. “Nunca aceptamos esa extorsión. No voy a negociar mi inocencia”, subrayó.
Santamaría Casanova denunció también que López Salazar ha desobedecido una orden judicial que lo obliga a entregar a su defensa copia de la carpeta de investigación, emitida desde el 10 de junio por un juez federal. “Está en desacato, violando el amparo que promovimos. No puede alegar secrecía, tengo derecho a conocer quién me acusa y por qué”, afirmó.
El líder sindical pidió al Congreso del Estado intervenir de inmediato y revisar la actuación del fiscal, a quien acusó de “atropellar el estado de derecho” y de carecer de arraigo y compromiso con Quintana Roo. “No tiene vínculo con la entidad ni sensibilidad para entender lo que está provocando. Está rompiendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia”, advirtió.
También relató que el operativo de la Marina desplegado el lunes pasado en los alrededores de la sede de la CTM fue para detener a presuntos agentes de la Fiscalía que merodeaban el lugar con armas, supuestamente con la intención de capturarlo. “No tenían orden ni identificaciones. Fueron reportados por vecinos; es preocupante lo que está ocurriendo”, dijo.
Respaldo nacional y llamado a la legalidad
La crisis escaló al ámbito nacional. El Comité Nacional de la CTM y su secretario general, Carlos Aceves del Olmo, emitieron un comunicado en el que expresan su respaldo total a la dirigencia de Quintana Roo y exigen que el proceso contra Santamaría Casanova se lleve con estricto apego a la legalidad, respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
“La CTM respalda a la base trabajadora de Quintana Roo y defiende la autonomía sindical como un pilar esencial para garantizar la estabilidad laboral y los derechos colectivos”, señala el documento firmado por la dirigencia nacional.
La organización advirtió que lo ocurrido puede sentar un precedente peligroso para la independencia de los sindicatos y para la confianza en las instituciones de justicia del país. “Confiamos en que este proceso se desarrollará en un marco de justicia, transparencia y respeto a la dignidad humana”, concluye el comunicado.
Protesta y desconfianza en la Fiscalía
Horas después de la conferencia, decenas de trabajadores afiliados a la CTM se manifestaron frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, sobre la avenida Huayacán, para exigir la entrega de la carpeta de investigación y denunciar lo que consideran una persecución política y judicial contra su dirigente.
Con pancartas y consignas, los manifestantes reclamaron la destitución del fiscal Raciel López Salazar y lo acusaron de fabricar delitos con fines personales o de terceros.
“Esperemos que ahora sí nos entreguen la carpeta de investigación o veremos si seguirán operando en la ilegalidad”, advirtió Santamaría, quien llamó a la ciudadanía y a otras organizaciones a no permanecer indiferentes ante los abusos de poder.
El caso ha encendido las alertas dentro del sindicalismo nacional y colocado a la Fiscalía de Quintana Roo bajo el escrutinio público, en medio de un ambiente de creciente desconfianza, tensión política y denuncias de uso faccioso de la justicia.
