- “La extorsión no solo extrae recursos económicos; destruye oportunidades, vulnera la dignidad y fractura el tejido social”, señaló el organismo empresarial
Rafael Pascual
Mientras las cifras oficiales reportan una disminución en delitos de alto impacto como el homicidio, la extorsión avanza de manera silenciosa pero constante, afectando directamente a la economía formal del país y de forma particular, a uno de sus principales polos turísticos: Quintana Roo.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre de 2025 se registraron en México más de 11 mil víctimas de extorsión, la cifra más alta para ese periodo en la última década. La información fue expuesta por Jovita Portillo, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Quintana Roo, quien advirtió que este delito representa una amenaza para el empleo, la inversión y la confianza en las instituciones.
Aunque en 2025 otros delitos muestran una tendencia a la baja, la extorsión mantiene un crecimiento sostenido a nivel nacional. En Quintana Roo, la situación resulta especialmente preocupante. Durante el primer semestre de ese año se denunciaron al menos 107 casos, lo que concentra más del 85 por ciento de los incidentes registrados en toda la península de Yucatán.
En Cancún, específicamente en el municipio de Benito Juárez, la problemática se intensifica. De enero a noviembre de 2025 se contabilizaron 162 denuncias por extorsión, lo que representa un incremento aproximado del 62 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.
COPARMEX advierte que estas cifras solo reflejan los casos que llegan a conocimiento de las autoridades. Estimaciones de organizaciones independientes señalan que hasta el 90 por ciento de las extorsiones no se denuncian, debido al miedo a represalias y a la desconfianza en las instituciones, por lo que la dimensión real del fenómeno podría ser hasta diez veces mayor.
“La extorsión no es un costo colateral de hacer negocios; es una amenaza directa a la economía formal, al empleo y al desarrollo social”, subrayó Portillo. El delito afecta tanto a grandes empresas como a pequeñas y medianas unidades económicas que sostienen a miles de familias en la entidad.
Ante este escenario, COPARMEX hizo un llamado a tratar la extorsión como prioridad absoluta de política pública, mediante acciones concretas que incluyan la instrumentación inmediata de la Ley General contra la Extorsión, la creación de unidades especializadas en las fiscalías estatales, y programas de protección y acompañamiento a víctimas, denunciantes y testigos, con el fin de reducir la llamada “cifra negra”.
“La extorsión no solo extrae recursos económicos; destruye oportunidades, vulnera la dignidad y fractura el tejido social”, advirtió el organismo empresarial, al insistir en la necesidad de una respuesta firme, coordinada y con resultados medibles.
Este es el llamado de COPARMEX. Enfrentar la extorsión, concluyó, es indispensable para proteger la inversión, preservar los empleos formales y garantizar condiciones de desarrollo sin miedo ni coerción.
