- Aunque una de las firmas más señaladas es Grúas Cardona, los reclamos no se limitan a una sola compañía, sino al esquema general bajo el que operan las concesionarias del servicio
Rafael Pascual
El cobro excesivo por servicios de grúa en Cancún continúa como una de las quejas más reiteradas entre automovilistas. Ciudadanos y activistas advierten que son varias las empresas que operan como auxiliares de la Dirección de Tránsito en el municipio de Benito Juárez y que, aseguran, aplican tarifas que alcanzan hasta los 8 mil pesos por arrastre.
Aunque una de las firmas más señaladas ha sido Grúas Cardona, los reclamos no se limitan a una sola compañía, sino al esquema general bajo el que operan las concesionarias del servicio.
De acuerdo con el arancel federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), una grúa tipo A debe cobrar 18.82 pesos por kilómetro recorrido y 528.69 pesos por banderazo. Sin embargo, afectados reportan facturaciones que superan ampliamente estos montos, sin desglose claro de conceptos ni sustento legal visible.
Deslinde que rebasa lo social
Cuestionada sobre el tema, la presidenta municipal Ana Paty Peralta se desmarcó y señaló que el asunto corresponde directamente a la Secretaría General del Ayuntamiento.
El secretario general, Pablo Gutiérrez Fernández, afirmó que el servicio de arrastre y salvamento se presta actualmente a través de empresas auxiliares y que se trabaja en rutas para resolver el problema de fondo, mientras se atienden las quejas por cobros excesivos.
No obstante, el deslinde no solo es social, sino también político. El propio funcionario que hoy aborda el tema con cautela fue quien en marzo del 2025 aseguró que el Ayuntamiento impulsaba un proyecto para que la Dirección de Tránsito contara con grúas propias y un depósito vehicular municipal, con el objetivo de aplicar tarifas reguladas y terminar con los abusos.
En aquel momento, incluso planteó que el plan podría concretarse antes de cumplirse el primer año de la administración. Hoy, en contraste, reconoce que no es viable que el municipio opere con unidades propias y que se deberá continuar trabajando con las empresas actuales.
La diferencia entre el discurso de entonces y la postura actual mantiene abierto el cuestionamiento sobre la voluntad política para modificar un esquema que, pese a las denuncias reiteradas, sigue operando sin cambios de fondo y mientras tanto, los abusos continúan sin tregua.
