- El proyecto deja atrás la fase de anuncio y entra en una etapa de ejecución regulada, sentando las bases para consolidar a Cancún como un nuevo polo de inversión tecnológica en el país
Rafael Pascual
La creación del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún dejó de ser solo un anuncio político y se convirtió en una figura jurídica formal tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, acto que le otorga validez legal, define su alcance y establece las reglas para su operación e incentivos.
Aunque el proyecto fue presentado la semana pasada por la gobernadora Mara Lezama durante la Convención Nacional Bancaria, es la emisión del decreto oficial lo que marca el verdadero punto de partida. El documento no solo declara la creación del distrito, sino que delimita con precisión el polígono donde se asentará: un terreno estatal de 100 hectáreas ubicado a unos cinco kilómetros al suroeste del Aeropuerto Internacional de Cancún y de la estación del Tren Maya. Además, contempla la posibilidad de integrar otras 100 hectáreas privadas para alcanzar hasta 200 hectáreas en su primera etapa.
El decreto establece también el andamiaje fiscal que busca detonar la inversión. Entre los estímulos destacan la exención total del Impuesto Sobre Nómina durante los primeros cinco años, reducciones en impuestos como hospedaje, tenencia vehicular y enajenación de bienes inmuebles, así como subsidios en trámites administrativos clave. Estos beneficios estarán condicionados a la generación de empleo formal, el incremento de la productividad y la atracción de proyectos que impulsen el desarrollo económico, tecnológico y científico del estado.
Asimismo, el instrumento legal define las actividades permitidas dentro del distrito, abarcando sectores estratégicos como tecnologías de la información, inteligencia artificial, telecomunicaciones, desarrollo de software y fabricación de semiconductores, además de servicios financieros, educativos, turísticos y de salud.
El decreto también crea un Comité Intersecretarial encargado de autorizar a inversionistas y administradores, así como de emitir, en un plazo no mayor a cuatro meses, los lineamientos que regirán la operación del distrito.
Con su publicación oficial, el proyecto deja atrás la fase de anuncio y entra en una etapa de ejecución regulada, sentando las bases para consolidar a Cancún como un nuevo polo de inversión tecnológica en el país.
