- El conflicto involucra a más de 200 familias que exigieron a autoridades municipales y estatales garantizar imparcialidad, frenar cualquier acto de presión y transparentar el proceso de regularización, para evitar ser inducidos a firmar acuerdos o realizar pagos sin un sustento legal firme
Rafael Pascual
Entre consignas, pancartas y exigencias de certeza jurídica, habitantes de la colonia El Esfuerzo llevaron este día su conflicto legal hasta las puertas del Palacio Municipal, donde acusaron presuntas presiones institucionales en medio de un litigio aún sin resolverse por la propiedad de sus terrenos.
Alrededor de 20 colonos se manifestaron para visibilizar una problemática que, aseguran, afecta a más de 200 familias y se ha prolongado durante meses entre recursos legales, versiones encontradas y creciente incertidumbre sobre la legalidad de sus viviendas.
En el centro de las acusaciones señalaron a Nora Garza, titular del Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial, a quien atribuyen una supuesta intervención parcial en favor de Rafael Martínez Solís, quien se ostenta como propietario de los predios en disputa.
De acuerdo con los manifestantes, el conflicto cuenta con antecedentes legales en los que Martínez Solís promovió denuncias por presunto despojo y fraude; sin embargo, sostienen que su reclamo presenta inconsistencias, entre ellas una resolución previa que no le reconoce la propiedad y registros catastrales en los que no aparece como titular de los terrenos.
Pese a que el caso continúa en litigio y sin sentencia definitiva, los colonos afirmaron que desde el Instituto se han impulsado acciones que generan presión sobre los habitantes. Entre ellas, mencionaron la integración de un comité vecinal —que aseguran incluye a personas ajenas a la colonia— con el objetivo de promover la firma de contratos de regularización.
Según testimonios, en reuniones organizadas por personal vinculado al Instituto se les ha ofrecido la posibilidad de obtener certeza jurídica; no obstante, advierten que el proceso estaría condicionado al pago de hasta 500 mil pesos por lote, monto que califican como desproporcionado considerando que la propiedad sigue en disputa.
Los inconformes señalaron que muchos adquirieron sus predios mediante traspasos por cantidades significativamente menores, en algunos casos de hasta 150 mil pesos, mientras que otros no concretaron pagos debido a que el supuesto propietario dejó de presentarse tras un periodo inicial.
Asimismo, cuestionaron la validez de la documentación presentada por Martínez Solís ante el Registro Público de la Propiedad, al señalar contradicciones con la información oficial de Catastro, lo que —afirman— evidencia inconsistencias en el proceso.
Ante este escenario, los colonos exigieron a autoridades municipales y estatales garantizar imparcialidad, frenar cualquier acto de presión y transparentar el proceso de regularización, a fin de evitar que familias sean inducidas a firmar acuerdos o realizar pagos sin sustento legal firme.
El conflicto, advirtieron, ha dejado de ser únicamente jurídico para convertirse en un problema social que mantiene en incertidumbre a cientos de familias que temen perder su patrimonio en medio de un proceso inconcluso.
