- Mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades, el caso de Julia Vázquez Rivera se ha convertido en un llamado urgente a reforzar la regulación, supervisión y sanción de actividades náuticas irregulares
Rafael Pascual
El accidente ocurrido en Playa Forum, en la zona hotelera de Cancún por la negligencia y corrupción de la Capitanía de Puerto Regional, dejó de ser solo una cifra de lesionados para convertirse en una tragedia con rostro: Julia Vázquez Rivera, una de las cinco personas arrolladas por una moto acuática, quedará parapléjica.
Lo que comenzó como un día de descanso terminó en angustia para varias familias, luego de que una moto acuática saliera del mar a gran velocidad y embistiera a bañistas en la orilla, a la altura del kilómetro 9 del bulevar Kukulcán. Paramédicos atendieron a las víctimas y las trasladaron a hospitales, mientras testigos aún intentaban comprender lo ocurrido.
Elementos de la Policía de Cancún detuvieron a dos hombres, Mateo “N” y José “N”, señalados como presuntos responsables. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la unidad era conducida a exceso de velocidad y, presuntamente, bajo los efectos del alcohol.
Para el sector náutico organizado, el caso no es aislado. Francisco Millán, representante de Asociados Náuticos, expresó su solidaridad con las víctimas, particularmente con Julia y su familia, y advirtió que este tipo de tragedias son consecuencia directa de la falta de control.
“El riesgo lo están pagando los turistas”, señaló, al denunciar que la moto acuática involucrada operaba de manera irregular, como parte de un esquema de embarcaciones “piratas” que prestan servicios sin permisos ni supervisión.
La indignación también se ha centrado en la presunta práctica de rentar estas unidades a personas bajo los efectos del alcohol, lo que ha sido calificado como una negligencia grave que pone en peligro vidas humanas. “Todos lo hemos visto”, coinciden voces del sector y usuarios.
Ante la gravedad del caso, incluso han surgido propuestas más radicales, como retirar las concesiones para el uso de motos acuáticas en balnearios concurridos, con el objetivo de evitar nuevos accidentes.
Mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades, el caso de Julia Vázquez Rivera se ha convertido en un llamado urgente a reforzar la regulación, supervisión y sanción de actividades náuticas irregulares.
Porque detrás de cada falla en el control hay consecuencias irreversibles, y en este caso, una vida que cambió para siempre.
