Un hombre identificado como Andrés N fue detenido en el municipio de San Andrés Larráinzar, Chiapas, por su presunta responsabilidad en el delito de cohabitación forzada, luego de que, presuntamente, intentó vender a su hija de 12 años a un hombre adulto por 25 mil pesos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que este constituye el primer caso judicializado por el delito de cohabitación forzada, tras la entrada en vigor de las reformas aprobadas por el Congreso del Estado en febrero pasado para sancionar este tipo de conductas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Las investigaciones de la autoridad ministerial señalan que el imputado habría ofrecido a la menor a un adulto con la finalidad de obligarla a vivir en una relación de cohabitación forzada, práctica que se encuentra tipificada como delito en la legislación estatal.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la detención representa la primera aplicación de las nuevas disposiciones legales en esta materia, las cuales fueron impulsadas para combatir prácticas que afectan la integridad y el desarrollo de menores de edad.
La Fiscalía precisó que la judicialización del caso busca establecer un precedente en la persecución de este tipo de delitos, independientemente de tradiciones, costumbres o usos comunitarios que pudieran invocarse para justificar estas conductas.
Las autoridades estatales reiteraron que ninguna práctica cultural puede estar por encima de los derechos humanos de niñas y adolescentes, por lo que las investigaciones continuarán hasta esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Como parte de las medidas de protección, la menor fue puesta bajo resguardo institucional y recibe atención especializada para salvaguardar su integridad física y emocional, mientras avanza el proceso judicial contra el imputado.
La reforma aprobada por el Congreso de Chiapas incorporó el delito de cohabitación forzada al marco jurídico estatal con el propósito de prevenir matrimonios o uniones impuestas a menores de edad y fortalecer la protección de los derechos de la infancia, especialmente en comunidades donde estas prácticas han sido denunciadas por organismos defensores de derechos humanos.
La Fiscalía General del Estado afirmó que mantendrá vigilancia permanente para detectar y perseguir este tipo de conductas, al tiempo que hizo un llamado a la población para denunciar cualquier caso que ponga en riesgo la integridad o los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Las investigaciones de la autoridad ministerial señalan que el imputado habría ofrecido a la menor a un adulto con la finalidad de obligarla a vivir en una relación de cohabitación forzada, práctica que ahora se encuentra tipificada como delito en la legislación estatal.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la detención representa la primera aplicación de las nuevas disposiciones legales en esta materia, las cuales fueron impulsadas para combatir prácticas que afectan la integridad y el desarrollo de menores de edad.
La Fiscalía precisó que la judicialización del caso busca establecer un precedente en la persecución de este tipo de delitos, independientemente de tradiciones, costumbres o usos comunitarios que pudieran invocarse para justificar estas conductas.
Las autoridades estatales reiteraron que ninguna práctica cultural puede estar por encima de los derechos humanos de niñas y adolescentes, por lo que las investigaciones continuarán hasta esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Como parte de las medidas de protección, la menor fue puesta bajo resguardo institucional y recibe atención especializada para salvaguardar su integridad física y emocional, mientras avanza el proceso judicial contra el imputado.
La reforma aprobada por el Congreso de Chiapas incorporó el delito de cohabitación forzada al marco jurídico estatal con el propósito de prevenir matrimonios o uniones impuestas a menores de edad y fortalecer la protección de los derechos de la infancia, especialmente en comunidades donde estas prácticas han sido denunciadas por organismos defensores de derechos humanos.
La Fiscalía General del Estado afirmó que mantendrá vigilancia permanente para detectar y perseguir este tipo de conductas, al tiempo que hizo un llamado a la población para denunciar cualquier caso que ponga en riesgo la integridad o los derechos de niñas, niños y adolescentes.
