El asesinato de la periodista Roxana Guzmán vuelve a evidenciar la presunta colaboración entre grupos delictivos y autoridades locales en Veracruz. Tras el hallazgo e identificación de sus restos y la detención de ocho personas, el caso refuerza una de las denuncias más persistentes sobre la violencia contra la prensa en el estado: la infiltración del crimen en instituciones de seguridad.
La Fiscalía de Veracruz confirmó que los restos localizados en un rancho de Moloacán corresponden a Guzmán, secuestrada el 2 de junio en Nanchital. Por el crimen fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva, identificados como Delta 1, Delta 7 y Delta 11, y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. A estos últimos se les acusa de dar apoyo logístico, recursos y alimentos al grupo criminal.
Roxana Guzmán era fundadora de Pulso Informativo del Sureste, página desde donde difundía noticias de accidentes, violencia, desapariciones y eventos comunitarios. En municipios con poca cobertura de medios tradicionales, estas plataformas son de las pocas fuentes de información local. Hasta ahora no hay conclusión oficial de que el móvil fuera su labor periodística, por lo que la FEADLE también investiga para determinar las causas.
El caso se viralizó porque el secuestro quedó videograbado. En el clip se ve a hombres armados y encapuchados entrar a su domicilio. La madre de la periodista declaró que vestían como policías y, al preguntarles a dónde la llevaban, respondieron que “a la comandancia”. Este testimonio coincide con la línea de investigación sobre participación de elementos municipales.
Con este homicidio, Veracruz suma 34 periodistas asesinados. Solo en 2026 van tres casos en el estado: Carlos Leonardo Ramírez y Luis Ángel López Valdez, ambos en Poza Rica, y ahora Roxana Guzmán. La gobernadora Rocío Nahle ha sostenido que “las agresiones no son por su trabajo periodístico” y que en su gobierno “hay absoluta libertad de expresión”.
Medios locales vinculan a los detenidos con Grupo Sombra, organización surgida de una escisión del Cártel del Golfo con presencia en Veracruz y entidades vecinas. Aunque las detenciones representan un avance, falta esclarecer el móvil del crimen y el grado de responsabilidad de cada implicado. El caso coloca de nuevo bajo escrutinio la seguridad para ejercer el periodismo en Veracruz, donde la prensa sigue trabajando bajo alto riesgo.
