- Por supuestamente hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública, los policías les habrían exigido el pago de mil 400 dólares para evitar su detención y puesta a disposición de las autoridades
Rafael Pascual
Lo que durante años, en numerosos casos, terminaba únicamente en sanciones administrativas o en la baja de elementos policiales, ahora escaló al ámbito penal. La detención de tres integrantes de la Policía Turística de Benito Juárez por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad y extorsión contra dos turistas extranjeros podría marcar un precedente en el combate a los abusos cometidos por servidores públicos, al enfrentar un proceso judicial que, de acreditarse su responsabilidad, podría derivar en penas de hasta 25 años de prisión.
El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, informó durante la conferencia del Gabinete de Seguridad de Quintana Roo que los detenidos son Juan L., de 35 años, originario de Tabasco; Jéssica Monserrat A. M., de 32 años, originaria de Oaxaca, y José Gabriel N. S., de 37 años, originario de Quintana Roo, quienes contaban con una antigüedad de siete, 15 y 17 años de servicio, respectivamente.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 3 de julio en la zona hotelera de Cancún. Presuntamente, dos de los agentes interceptaron a dos turistas extranjeros y les hicieron creer que serían detenidos por supuestamente realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública.
Con ese argumento, los policías les habrían exigido el pago de mil 400 dólares para evitar su detención y puesta a disposición de las autoridades.
Según la Fiscalía, posteriormente un tercer elemento se incorporó a la acción y trasladó a las víctimas a un cajero automático ubicado sobre el bulevar Kukulcán, donde presuntamente las obligaron a retirar el dinero. Una de las víctimas obtuvo 800 dólares y la otra 600, completando así la cantidad exigida por los agentes.
Tras los hechos, los turistas presentaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, lo que permitió a la Fiscalía General del Estado iniciar la carpeta de investigación y reunir los elementos necesarios para solicitar las órdenes de aprehensión.
Las detenciones fueron cumplimentadas por elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado y la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez.
Durante su mensaje, Raciel López Salazar afirmó que la Fiscalía buscará garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y advirtió que, en caso de que los imputados sean encontrados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión por los delitos que se les atribuyen.
El caso cobra especial relevancia porque representa un cambio en la forma en que este tipo de conductas son atendidas. En diversos antecedentes, las acusaciones contra policías por presuntos abusos o actos de corrupción concluían únicamente con procedimientos internos, sanciones administrativas o la separación del cargo. En esta ocasión, las investigaciones derivaron en un proceso penal que podría sentar un precedente sobre las consecuencias legales para servidores públicos señalados por este tipo de delitos.
Además, este no es un hecho aislado. Se trata del segundo caso de presunta extorsión atribuido a policías turísticos que se hace público en menos de una semana. Días antes, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez informó sobre la detención de otros dos elementos de la misma corporación, quienes también son investigados por presuntamente extorsionar a turistas en un caso distinto.
La reiteración de este tipo de denuncias ha vuelto a colocar bajo la lupa el desempeño de la Policía Turística, una corporación cuya función principal es brindar atención, orientación y seguridad a los visitantes nacionales y extranjeros en uno de los destinos turísticos más importantes del país. Ahora será el desarrollo del proceso judicial el que determine la responsabilidad de los tres elementos detenidos y el alcance de un caso que podría convertirse en un referente en el combate a la corrupción policial en Quintana Roo.
