Columna: Seguridad y Defensa. Carlos Ramírez. www.24-horas.mx
Sin ningún esfuerzo de análisis, la primera reacción de muchos comentaristas fue calificar de militarización la nueva fase de participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en nivel de seguridad interior.
Lo mismo dijeron a lo largo de dos sexenios, sin que se hayan cumplido los temores de una militarización: la ocupación de todas las labores civiles por militares. De 2006 a 2018 los militares se dedicaron a apoyar la seguridad pública, ante bandas criminales con alto nivel de armas y de letalidad.
Hoy el problema no es que se vuelva a dinamizar esa participación, sino que en el año y medio en que los militares disminuyeron su presencia en seguridad pública las bandas criminales aumentaron sus funciones y retomaron el control de zonas territoriales que los militares les habían quitado.
La instrucción presidencial para regresar a militares a labores de lucha contra el crimen organizado radica en la amenaza de la Casa Blanca de meterse en México a perseguir cárteles, en la audacia criminal de salir a repartir despensas con comandos con armas de alto poder y en la lucha violenta entre bandas para disputar territorios de control.
Y en sentido estricto no se trata de una militarización de México, porque todos los poderes e instituciones están funcionando en manos civiles, sino de una presencia de apoyo militar a la Guardia Nacional aún en proceso de construcción, equipamiento y entrenamiento.
El regreso con mayor dinamismo de militares a la seguridad es el indicio de que lo hicieron bien durante dos sexenios y que constituyen la única fuerza armada con capacidad, organización e inteligencia para contener el avance de los cárteles. Y que en esos dos sexenios no bajó el alto grado de aprobación de la sociedad en las fuerzas armadas nacionales.
El debate es otro: la criminalización de la sociedad que acepta y cobija a los cárteles a cambio de despensas y dinero regalado por los capos.
ZONA ZERO
Fuera de las cifras del Valle de México por la proporción alta de habitantes, Guanajuato ocupó en el primer trimestre del año el principal lugar de incidencia delictiva con 34 mil 462, seguido de cerca por Jalisco con 34 mil 010 y Baja California con 25 mil 559, los tres con el 18.7% del total. Los gobiernan el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, respectivamente.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
