En casi 2 años, la extinta Oficialía Mayor pagó hasta 450 mil pesos a empleados con perfiles poco claros
Por Esto/Miguel Ángel Feernández
Además de los contratos millonarios por asignación directa que entregó el Gobierno de Quintana Roo por servicios poco claros, también ha realizado la contratación de personal con onerosos sueldos para responsabilidades que no son específicas, los cuales supuestamente fueron empleados para caravanas y giras del Gobernador, Carlos Joaquín González.
La Asociación Civil Somos tus Ojos denunció que, de noviembre de 2018 a junio de 2020, la extinta Oficialía Mayor de Quintana Roo pagó 6 millones 308 mil pesos a diversas personas por realizar trabajos de “gestión y apoyo en las audiencias del Gobernador”; “seguimiento a trámites de audiencias del Gobernador”; “programa logístico y protocolo de giras”; “avanzada”; y “programas y eventos especiales del Ejecutivo”, entre otros encargos.
Los pagos hechos a las personas contratadas para las audiencias y eventos representan montos de los 16 mil pesos hasta los casi 450 mil pesos, sin que en los contratos se especifiquen las funciones que realizarán.
De hecho, en los contratos aparecen con cargo de analista profesional o analista especializado, y para ello fueron contratados abogados e ingenieros, hasta personas que sólo cuentan con primaria o secundaria, y figuran nombres de gente que tiene vínculos con asociaciones civiles.
Por ejemplo, Herminia Peña Niño, contratada como “analista profesional” dentro del Programa temporal gestión de apoyos de las audiencias públicas, y es madre de Herminia Salinas Peña, presidenta y fundadora de “Transparencia por Quintana Roo”. Herminia Peña cobró 22 mil 221 pesos de noviembre a diciembre de 2018. Además, cobró con la Secretaría de Desarrollo Social otros 66 mil 664 pesos por seguir “laborando” en las Audiencias del Gobernador.
Gabriel Alejandro Millán Gómez es otro caso, y de acuerdo con “Somos Tus Ojos”, recibió casi un millón de pesos por sus servicios como “asesor” de eventos. Un primer pago por 443 mil 397 pesos lo recibió de julio a diciembre de 2019 por desempeñarse como “asesor en programación, logística y desarrollo de eventos”; adicionalmente, Millán Gómez laboró como “asesor especializado” de enero a junio de 2020 por la “supervisión de eventos”, ganando otros 443 mil 397 pesos.
Millán Gómez no cuenta con estudios de licenciatura, según contrato firmado con la Oficialía Mayor. Otro nombre dentro de los mejor pagados es Fernando Adalid Castañeda, de profesión abogado, quien recibió 263 mil 223 pesos por laborar de julio a diciembre de 2019 como “asesor especializado en planeación”, adscrito al Programa logístico de giras y eventos del Ejecutivo Estatal; sin embargo, en el contrato no se especifican las funciones o trabajos.
Esta persona firmó un segundo contrato por 263 mil 223 pesos del periodo del primero de enero al 30 de junio de 2020 para realizar “actividades relacionadas con protocolo y ceremonias, planificando organizando y supervisando actos y/o eventos con la asistencia del Ejecutivo en la zona sur del Estado de Quintana Roo”.
En esta investigación, también aparece el nombre de Nallely Audelo Juárez, contratada como “asesora especializada en planeación” dentro del “Programa logístico y protocolo de giras y eventos del Ejecutivo”, con un pago de 263 mil 223 pesos, para laborar de julio a diciembre de 2019; adicionalmente, recibió otros 263 mil 223 pesos de enero a junio de 2020 para “supervisar los trámites administrativos para que se suministren de manera oportuna los insumos necesarios de las direcciones dependientes de la Coordinación de giras”.
Uno de los mejor pagados por estos servicios fue Ricardo Alejandro Grajales Flota, quien como “asesor especializado” como enlace en la Conferencia Nacional de Gobernadores cobró 531 mil 632 pesos, del periodo de julio a diciembre de 2019. De acuerdo con el contrato, adicional a sus honorarios, el gobierno del Estado se obligó a pagar los gastos de viajes y traslados de Grajales Flota.
Grajales Flota también fue contratado como “asesor especializado” para realizar el “análisis de información de las dependencias”, trabajo por el que cobró 664 mil 540 pesos, de mayo a diciembre de 2018. En 2016, la Secretaría de la Contraloría de Campeche inhabilitó a Ricardo Alejandro Grajales por un año, por no presentar su declaración patrimonial, luego de desempeñarse como Secretario Auxiliar del entonces gobernador de esa entidad, Fernando Ortega Bernés.
La asociación civil expone casi un centenar de nombres de personas que, con responsabilidades poco claras, cobraron mucho más que los trabajadores que llevan años en las dependencias, asumiendo responsabilidades y sujetos a cargas laborales mucho mayores.
