Bajo la lupa casi 220 mdp de dos alcaldes

por Redaccion
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  • Inicia Aseqroo investigaciones contra ex funcionarios de Isla Mujeres y Solidaridad por no solventar observaciones del ejercicio fiscal 2020; Juan Carrillo interpone controversia ante SCJN para evitar revisión

El ex presidente municipal de Isla Mujeres y actual diputado federal, Juan Carrillo Soberanis, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) inicie un proceso de investigación luego que se venciera el plazo de 120 días establecidos en la ley y no cumpliera con solventar las observaciones hechas a la cuenta pública 2020.

El auditor Superior del Estado, Manuel Palacios Alcocer, confirmó que también ha entrado en un proceso de investigación la administración municipal de Solidaridad, periodo 2018-2021, que encabezó Laura Beristain Navarrete, y los ex funcionarios de los institutos de la Juventud, de las Mujeres, del Deporte, de cultura y las artes además del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Solidaridad, también por incumplir con el plazo de 120 días para solventar observaciones.

De acuerdo con el último informe de la Aseqroo, aprobado el 1 de junio por diputados de la Décimo Sexta Legislatura, el Ayuntamiento de Solidaridad tuvo observaciones por 128 millones 990 mil 993.74 pesos, y el Ayuntamiento de Isla Mujeres por 91 millones 598 mil 122.46 pesos.

A partir de entonces, las autoridades municipales tuvieron un plazo de 120 días para solventar dichas observaciones para evitar que la Aseqroo presentara las denuncias correspondientes.

Palacios Herrera explicó que los procedimientos quedaron prácticamente igual como lo presentaron en el informe por lo que los ex funcionarios municipales fueron notificados que se inició la investigación del ejercicio fiscal correspondiente.

Sin embargo, Palacios Herrera aclaró que no hay un plazo para interponer las denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, ya que cada uno de los presuntos responsables tiene el derecho constitucional de ampararse.

“No hay un tiempo determinado. Porque ellos van a combatir estas situaciones”, dijo Palacios Herrera.

Sin embargo, dijo que, de acuerdo con lo establecido en la ley, la Aseqroo continuará con lo que marca la ley.          Noticaribe/Rafael Briceño

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