Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez seguridadydefensa@gmail.com
El cierre de la oficina antinarcóticos mexicana que tenía proyectos con la DEA y la crisis migratoria en EU por la anulación del Título 42, que facilitaba la deportación por razones del Covid-19, han sido colocados encima de la pila de expedientes de negociación de la Casa Blanca con Palacio Nacional.
Como el Gobierno de Estados Unidos nada quiere hacer para atacar de manera judicial el consumo de drogas que el año pasado asesinó a más de 100 mil estadounidenses por sobredosis de fentanilo/heroína y como los migrantes llegan a la frontera a través de territorio mexicano, el presidente Biden tendrá que disminuir sus presiones sobre México en materia de defensa de empresas eléctricas estadounidenses para aumentar la colaboración en esos dos temas prioritarios para EU.
En narco y migración, la Casa Blanca está dependiendo de las decisiones mexicanas: combatir con mayor efectividad a los traficantes de fentanilo y cerrar el paso a las caravanas de migrantes que quieren aprovechar la anulación del Título 42, para meterse a Estados Unidos por la fuerza.
La debilidad política del presidente Biden se ha conocido a través de la confrontación con el gobernador texano Greg Abbott, quien ha tomado una actitud agresiva contra migrantes no solo para confrontar a la Casa Blanca, sino para arrebatarle la agenda migratoria al expresidente Donald Trump y construir su propia candidatura presidencial para 2024.
La presión estadounidense por la ley eléctrica pareció haber entrado en las últimas horas en una zona de distensión, sin haber logrado que el Presidente mexicano acepte las restricciones soberanas por quejas ante tribunales internacionales. Biden está urgido de un acuerdo político con el Presidente mexicano para regresar al bloqueo de la frontera en el Suchiate e impedir las caravanas.
ZONA ZERO
Las cifras de seguridad mostradas por el informe anual del sistema de seguridad pública y por la encuesta trimestral del Inegi revelan, en lo general, un repunte en la inseguridad y un aumento en la percepción negativa de la sociedad, pero de manera paradójica un incremento en la confianza ciudadana hacia todas las fuerzas municipales, estatales y federales de seguridad. La ola de inseguridad parece haber sido contenida, pero no ha podido lograrse una disminución sustantiva de delitos.
