Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez @carlosramirezh
Mientras se discutía en el Senado si se le daba o no mayor tiempo a los militares en seguridad interior, para permitir el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la movilidad criminal en México continuó su marcha y en Estados Unidos se está buscando a nivel federal que los cárteles sean considerados como grupos terroristas internacionales.
Ninguno de los senadores a favor o en contra pudo articular un discurso estratégico de seguridad para explicar una u otra de las razones y el debate se centró en una propuesta expansiva y sorpresiva del Gobierno federal para extender la presencia militar en seguridad interna y la construcción de un muro infranqueable por parte de la oposición.
A ello se les debe agregar un concepto que tampoco fue esgrimido en el Congreso: en la iniciativa para adscribir a la Guardia Nacional a la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gobierno federal caracterizó a los grupos delictivos como un poder criminal cuasimilitar, una caracterización que iría mucho más allá de solo el calificativo de terrorista y reconocería a las organizaciones criminales como grupos casi insurgentes con capacidad superior a la de las corporaciones policiacas e inferior a la de las estructuras militares.
El discurso constitucionalista de los opositores fue impecable, pero ignoró la realidad de grupos criminales que han capturado partes territoriales e institucionales de la soberanía del Estado nacional y que en muchas partes de la República se han convertido en la práctica en estructuras que le han arrebatado funciones económicas, políticas, fiscales y de seguridad de los gobiernos legítimamente electos. Los militares son la última línea de defensa de la soberanía interna, aunque a los senadores opositores se les olvidó.
ZONA ZERO
La carta del gobernador texano Greg Abbott al presidente Biden para declarar a cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas internacionales es posible que no conduzca a una decisión de Estado, pero sí arrinconó a la Casa Blanca y la obligará a mayores presiones sobre México para desarticular a los cárteles mexicanos que -de acuerdo con la DEA- controlan el tráfico, contrabando y distribución de la droga dentro del territorio estadounidense.
