- Trabajadora señala a funcionario por hostigamiento; asegura haber solicitado apoyo sin obtener respuesta
Una trabajadora identificada como Anindra Díaz Carvajal denunció públicamente presuntos actos de acoso laboral al interior de la Fiscalía General de Justicia en Playa del Carmen, situación que, asegura, ha persistido durante al menos un mes y medio.
De acuerdo con su testimonio, los hechos involucran al funcionario Rogelio Eleria, señalado como Fiscal del área correspondiente, a quien responsabiliza de generar un entorno de trabajo que la ha mantenido en un estado de incertidumbre.
“Han habido muchas situaciones que me han puesto en un estado de zozobra”, expresó.
No ha tenido respuesta a solicitudes
La denunciante dijo que realizó diversas acciones institucionales de manera escalonada, incluyendo la emisión de oficios y solicitudes para que intervengan superiores jerárquicos dentro de la propia Fiscalía.
Sin embargo, afirmó que no obtuvo respuesta, lo que la llevó a escalar el caso y buscar apoyo externo.
“Pedí apoyo del Fiscal General y del Coordinador, pero nunca obtuve respuesta”, señaló.
Ante la falta de atención, indicó que recurrió a la Secretaría de Gobierno del Estado, con la intención de ser reubicada en otra área que le permitiera desempeñar sus funciones en un ambiente seguro.
Cambio de área y desalojo de espacio
Según su versión, el conflicto también involucra a una compañera de trabajo, por lo que inicialmente solicitó un cambio de área como medida preventiva.
No obstante, aseguró que la situación escaló el pasado 10 DE ABRIL, cuando al llegar a su jornada laboral encontró sus pertenencias fuera de su espacio de trabajo y el acceso restringido.
“Llegué a las 9 de la mañana y mis cosas ya estaban afuera”, relató.
Explicó que previamente se le había notificado un cambio de adscripción mediante un oficio que consideró incompleto, ya que no especificaba funciones, horarios ni condiciones, motivo por el cual decidió no firmarlo.
Tras estos hechos, la trabajadora solicitó un periodo vacacional, durante el cual decidió hacer pública la situación.
Señaló que su principal preocupación es su retorno laboral, previsto para el 27 de abril, ante la incertidumbre sobre las condiciones en las que se reintegrará.
“Tengo temor de no saber con qué me voy a encontrar”, manifestó.
Llamado a la atención institucional
El caso pone sobre la mesa la necesidad de atender de manera oportuna denuncias internas dentro de instituciones públicas, así como garantizar condiciones laborales seguras y libres de violencia.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia no ha emitido una postura oficial sobre esta denuncia.
