- El llamado es para revisar cuántos proyectos costeros fueron autorizados por autoridades sin competencia y qué debe ocurrir con las obras que ya fueron construidas sobre ecosistemas ambientalmente protegidos
Rafael Pascual
Desde esta ciudad, organizaciones ambientalistas exigieron revisar los permisos otorgados a desarrollos inmobiliarios en zonas costeras de Quintana Roo, luego de que un juez federal determinara que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) carecía de competencia para autorizar el proyecto ALUX 33, en Puerto Morelos, al estar relacionado con un ecosistema de manglar.
En conferencia de prensa conjunta, Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Puerto Morelos Sustentable, Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señalaron que el fallo puede convertirse en un precedente para revisar otros proyectos autorizados por la vía estatal.
La abogada Irma Morales, de DMAS, explicó que ALUX 33 comenzó a construirse en 2022 sin autorización ambiental y que en 2023 el Ayuntamiento de Puerto Morelos otorgó una licencia de construcción. La Profepa clausuró temporalmente el proyecto y en 2024 la Semarnat negó la autorización federal de impacto ambiental.
El caso llegó a tribunales mediante el amparo 959/2025-G-1, en el que el Juzgado Noveno de Distrito determinó que la SEMA invadió atribuciones federales.
En cumplimiento, la dependencia dejó sin efectos la autorización SEMA/DS/SGPA/DIRA/1522/2025 y reconoció que era “legalmente incompetente” para resolver sobre el proyecto.
Morales advirtió que ahora debe cumplirse la determinación de la Profepa emitida en 2024 para restaurar el área afectada por el daño al manglar, lo que implicaría retirar la construcción.
“En Quintana Roo no se ha demolido ningún edificio”, señaló, al considerar que ALUX 33 podría convertirse en un precedente para hacer cumplir este tipo de resoluciones.
Las organizaciones también pidieron revisar proyectos como SOLE BLU, en Puerto Morelos, y LEGACY, en Playa del Carmen, además de recordar el caso de Bahía Solimán, en Tulum, donde existen resoluciones judiciales relacionadas con la demolición y restauración de desarrollos que afectaron ecosistemas costeros.
El llamado desde Cancún fue a revisar cuántos proyectos costeros fueron autorizados por autoridades sin competencia y qué debe ocurrir con las obras que ya fueron construidas sobre ecosistemas ambientalmente protegidos.
