- El verdadero desafío, advierte la COPARMEX, es conseguir que las víctimas tengan confianza para denunciar y que cada denuncia se convierta en una investigación capaz de cerrar espacios a quienes hacen de la extorsión un negocio
Rafael Pascual
Quintana Roo reporta menos víctimas de extorsión, pero el delito sigue lejos de estar bajo control. En el primer semestre de 2026 se contabilizaron 89 víctimas, 21.2% menos que un año antes; sin embargo, 96.1% de los casos no se denuncian o no llegan a una carpeta de investigación, advirtió Jovita Portillo Navarro, de COPARMEX Quintana Roo.
El contraste coloca a la entidad frente a un problema que las estadísticas oficiales no alcanzan a dimensionar. La extorsión no sólo representa una amenaza para quienes reciben una llamada, mensaje o intimidación directa; cuando alcanza a las empresas puede comprometer patrimonio, empleos, inversiones e incluso la continuidad de los negocios.
A nivel nacional, el comportamiento es contrario al de Quintana Roo. Entre enero y junio se registraron 6 mil 562 víctimas, un incremento de 9.17% respecto al mismo periodo de 2025 y la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El Monitor de Seguridad de COPARMEX advierte, además, que la extorsión fue el único de los principales delitos que aumentó durante el semestre. Mientras otros ilícitos registraron descensos, 19 entidades reportaron un incremento en extorsiones y 12 alcanzaron su máximo histórico de víctimas en los últimos 11 años.
Pero el rostro del delito también está cambiando. Siete de cada 10 extorsiones registradas en el país fueron cometidas a distancia mediante teléfonos, internet o redes sociales; dos de cada 10 fueron presenciales y el resto correspondió a tentativas.
Portillo Navarro señaló que esta transformación obliga a reforzar la coordinación entre autoridades, empresas y ciudadanía, además de mejorar los mecanismos de denuncia y las capacidades para investigar las nuevas modalidades digitales.
COPARMEX plantea también concluir la homologación de las legislaciones locales con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, garantizar presupuesto para unidades especializadas en las fiscalías e instalar inhibidores de comunicación en los centros penitenciarios.
La reducción registrada en Quintana Roo representa un avance, pero la elevada cifra negra impide hablar de una victoria. El verdadero desafío, advierte el sector empresarial, es conseguir que las víctimas tengan confianza para denunciar y que cada denuncia se convierta en una investigación capaz de cerrar espacios a quienes hacen de la extorsión un negocio.
