- Advierten riesgo de incertidumbre jurídica en el Caribe Mexicano
Rafael Pascual
En medio del debate sobre la protección del patrimonio cultural en México, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE del Caribe) expresó su preocupación por los recientes criterios derivados de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al uso de símbolos de la cultura maya, al advertir que podrían generar incertidumbre jurídica y afectar la operación de miles de empresas en el sureste del país.
El organismo empresarial señaló a través de un comunicado que el criterio adoptado abre la posibilidad de sanciones e incluso clausuras de establecimientos por el uso de elementos culturales mayas, sin que existan —hasta el momento— reglas claras, lineamientos definidos ni certeza sobre las autoridades facultadas para autorizar dicho uso.
De acuerdo con el posicionamiento, esta situación impacta directamente a destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde la cultura maya no solo forma parte de la identidad regional, sino también de la oferta turística y del sustento económico de miles de familias.
El CCE advirtió además que el alcance del precedente podría extenderse a otras expresiones culturales del país, lo que pondría en riesgo la forma en que México protege y proyecta su identidad cultural.
En su pronunciamiento, el organismo reconoció la importancia de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, al considerarla un avance necesario para evitar abusos en el uso del patrimonio de estas comunidades. Sin embargo, subrayó que su aplicación debe sustentarse en reglas claras y mecanismos definidos que otorguen certeza jurídica.
El sector empresarial hizo un llamado urgente a abrir un diálogo con autoridades y a trabajar en la elaboración del reglamento de dicha ley, al considerar que su ausencia contribuye al actual estado de indefensión.
Finalmente, el CCE del Caribe reiteró su disposición a participar en la construcción de lineamientos que permitan proteger el patrimonio cultural sin poner en riesgo la inversión, el empleo y la estabilidad económica de la región.
