La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales varios nombramientos en el Poder Judicial de Quintana Roo y emitió un exhorto al Congreso local para corregir el marco legal antes de la próxima elección judicial.
Con cinco votos a favor, el Pleno invalidó el artículo transitorio que ampliaba hasta 2033 la permanencia de los magistrados Heyden Cebada Rivas y Ana Mercedes Castillo Carbajal en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La ministra ponente, María Estela Ríos González, señaló que las entidades están obligadas a diseñar un modelo donde los juzgadores sean electos por voto popular.
También quedaron sin efecto los nombramientos de Aída Isis González Gómez como magistrada del Tribunal Unitario para Adolescentes, al haber sido designada por la gobernadora Mara Lezama; de Elizabeth Moreno Rejón como presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, cargo que debió definirse por votación ciudadana; y de Rafael Manuel Ponce Pacheco como presidente del Órgano de Administración Judicial, quien debió ser electo por insaculación.
Durante la sesión de este lunes, la Corte aprobó exhortar a la XVIII Legislatura a emitir las medidas legislativas necesarias para garantizar el funcionamiento regular del Poder Judicial y evitar afectaciones a los justiciables. La ministra Loretta Ortiz Ahlf propuso que fuera una orden directa, pero no alcanzó mayoría.
En otro punto, por cinco votos contra cuatro, se validó que la presidencia del TSJE pueda ser elegida por los propios magistrados. Los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Sara Irene Herrerías Guerra, Lenia Batres Guadarrama e Irving Espinosa Betanzo se pronunciaron en contra, al considerar que el modelo federal establece que la presidencia corresponde a quien obtenga mayor votación popular.
Además, con ocho votos, la SCJN determinó que el TSJE invadió facultades del Órgano de Administración Judicial al conformar su integración y domicilio, y declaró inválida la creación de nuevos órganos mediante legislación secundaria.
La sentencia entrará en vigor al momento de notificarse al Congreso del Estado. Con ello, los nombramientos y órganos declarados inconstitucionales quedarán sin efecto.
